Columna


Minería, inversión y ambiente

GIL ALBERTO FALCÓN PRASCA

24 de febrero de 2012 12:00 AM

GIL ALBERTO FALCÓN PRASCA

24 de febrero de 2012 12:00 AM

Las nuevas autoridades y la sociedad civil pensante, tienen que ver las verdaderas oportunidades con los TLC y el PND, para que sean parte de los planes de desarrollo locales.
Para la minería del sur de Bolívar, es fundamental la participación de los sectores público, académico, privado y organizaciones sociales representativas, que queden como órgano técnico asesor y consultivo.
Santos definió a la minería como una de las cinco locomotoras del desarrollo hacia la prosperidad de los colombianos. Tenemos que bloquear a los políticos oportunistas, gamonales y multinacionales que aún creen que contar con las comunidades, pagar salarios de ley y dar garantías constitucionales, es exagerado.
La extracción ilegal de minerales es un delito, afecta al ambiente, la salud e incluye los grupos armados ilegales. Encontremos alternativas para la inequidad y pobreza con la posibilidad de la minería, pero coadyuvemos todos y seamos corresponsables para que se realice de la mejor manera. En las rendiciones de cuentas los gobernantes locales deben informar si la minería a gran escala cumple la contraprestación en empleo decente.
No olvidemos que los recursos del subsuelo son de todos. Las empresas de minas e hidrocarburos deben pagar el impuesto a la renta y las regalías, (IVA), sobretasa a la gasolina, industria y comercio, y el canon superficiario a favor de la autoridad minera durante la fase de explotación.
En la minería, al igual que en el sector de tierras y agrícola, también se han dado el desplazamiento, la usurpación y el despojo. Existe el pequeño minero que siguen en la informalidad, igual a la que existe en otros sectores de la economía.
Antes del 5 de mayo de 2012 funcionará la Agencia Nacional Minera (ANM), que empezaría por revocar los títulos que no cumplan los requisitos de Ley. La ANM dispondrá de $337 mil millones, que provendrán del Sistema General de Regalías (SGR), creado por el acto legislativo 05 del 2011.
Los títulos se adjudicarán solo sobre zonas que a juicio del Gobierno tengan un potencial minero y mediante subastas en rondas sucesivas. El Gobierno ha dispuesto declarar 1,9 millones de hectáreas en 14 departamentos como zonas de reserva estratégica minera. Catalogó como estratégicos 11 minerales, con gran potencial para el oro, platino y cobre en las zonas que serán subastadas.
Se creó el viceministerio de Minas, próximamente el CONPES expedirá un Documento para meter en cintura a la minería ilegal. La acción del Estado no debe limitarse a formalizar y erradicar la minería ilegal, debe extenderse al control y a la vigilancia real. La gran minería debe ser responsable en todos los órdenes, social y ambiental, y cumplir escrupulosamente con la Constitución y la ley.
Debe enfrentar la realidad de 300.000 mineros "informales" y procurar solucionar o por lo menos viabilizar alternativas para su NBI. Bienvenida a la minería social y ambientalmente responsable.
Tenemos que romper esquemas para exigir a los gobiernos e inversionistas que cumplan la ley, generando riqueza y bienestar para la región. Hay que hacer aportes ambientales y recuperaciones en áreas depredadas por minería ilegal, proyectos de comunidades junto con la Gobernación, alcaldías, autoridades ambientalistas y de control, ofreciendo empleos de calidad y capacitación con el Sena, las Cajas de compensación y las 9 universidades.

*CUT BOLÍVAR 

cutbolivar@gmail.com

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