Como logro especial de este gobierno se festeja la resurrección del Ministerio de Justicia. En estos tiempos de lluvia de quejas sobre la conducta de magistrados, jueces y fiscales la reaparición del Ministerio de Justicia permite acariciar, dicen los defensores del redivivo ministerio, el fin de los males de la justicia.
Y sueñan que, por causa de esta reaparición burocrática, desaparecerán los choques de trenes, no habrá cortes politiqueras, se acabarán los magistrados comprometidos en trueques burocráticos, las elecciones de fiscal general serán puras y sin devoluciones de ternas, la tardanza de los procesos finalizará, prevaricatos de jueces y fiscales dejarán de existir, la bolsa siniestra de venta de providencias y de cobro por cualquier diligencia secretarial quedará eliminada. ¡Habrá, por fin, pronta y cumplida justicia!
Llegó el obvio remedio que la estulticia del predecesor en la Presidencia hizo desaparecer. Estulticia compartida por muchos de los que hoy, con alborozo, celebran la enmienda y que ayer acompañaron a Uribe en la supresión del bendito e irrelevante ministerio de justicia de la época. Pero, recordemos, ahora el principio rector del gobierno es que la reversa configura muestra de inteligencia y la persistencia en una idea señal de imbecilidad. Y, desde luego, nos gobiernan gentes afanosas de mostrarse inteligentes y cuya sabiduría se mide por el número de rectificaciones. Recordemos: sólo los imbéciles no rectifican, fue apotegma de la campaña presidencial. Me aparto de esta muestra de inteligencia gubernamental. Temo que este ministerio termine como aditamento burocrático costoso, cuyo destino más feliz sea dirigir cárceles.
En efecto, la Constitución le cierra el paso para que intervenga en la selección de jueces y fiscales, en los procesos judiciales, en la evaluación de la conducta de las gentes de la justicia. Tendremos un ministro de justicia carente de facultades para revisar un expediente judicial y pedirle explicaciones a un juez o fiscal sobre las determinaciones adoptadas. Ni siquiera tendrá injerencia en la ubicación y dotación de los despachos judiciales y en el manejo del presupuesto de la rama judicial, que tales asuntos son de incumbencia del deslustrado Consejo Superior de la Judicatura. Menos aún sancionar a jueces y fiscales torcidos. La independencia de la justicia la separa del ejecutivo y las altas cortes son intransigentes en la defensa de sus fueros, constitucionales o usurpados. No es expresión vana lo del gobierno (¿o arbitrariedad?) de los jueces. Para certificarlo, basta leer los fallos de la Corte Constitucional para encontrarla fungir como constituyente, legisladora, administradora y ordenara del gasto público. La justicia judicial no deja espacio para un verdadero ministerio de justicia, a menos que se produzca una reforma constitucional valerosa, precisa y seria. En suma, veremos un ministro de justicia sin acceso a la administración de justicia.
¿Qué oficio asignarle a este dichoso pero anodino ministerio? Pienso que algo distinto a la justicia misma, pero de urgente interés general: encomendarle ordenar y depurar la legislación para acabar con un sinnúmero de leyes obsoletas, inútiles y repetidas, para eliminar contradicciones, inconsistencias e incoherencias, así como frenar la desbocada fábrica de leyes y decretos. No podrá existir justicia recta, informada y seria si todos los días cambian las leyes.
Abogado – Docente Universidad del Sinú – Cartagena hhernandez@costa.net.co
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