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Monumentos y adefesios

En torno a los edificios en el Centro histórico de Cartagena donde funcionan instituciones públicas, especialmente en aquellos considerados como patrimonio monumental,  gravitan intereses y circunstancias complejas y contradictorias.

Por un lado está el apetito desbordado de urbanistas o modernos conquistadores, que  atraídos por la riqueza que representa para el turismo internacional ese enclave amurallado, cambian los espejitos, la biblia y el látigo de otros tiempos, por maletas llenas de dólares para apropiarse del valioso patrimonio; y por otro está la negligencia y la desidia de un Estado con representantes miopes o auto vendados, que ignorando la fortuna de tales monumentos los convirtieron y mantienen en ruinas.

Se supone que estos bienes públicos se deben conservar por ser iconos de la historia y parte vital del patrimonio arquitectónico. Ello explica las razones por las cuales en un sector de intelectuales, académicos, y de periodistas, entre otros ciudadanos, aflora una resistencia enérgica cada vez que se pretende vender uno de estos edificios a particulares.

No obstante, las circunstancias y condiciones no son siempre las mismas: una cosa es  el claustro de La Merced, donde funciona con lujo de competencia un área de la Universidad de Cartagena, que justificó plenamente la oposición, hasta ahora triunfante, a su pretendida venta y otra diferente el estado anacrónico del llamado Palacio de la Proclamación, que sirve como sede al Gobierno Departamental de Bolívar.

Entrar a ese edificio es como volver al pasado. El deterioro general de su estructura, la mala distribución de sus espacios, la concentración de humedad y el poco avance de la modernidad en sus oficinas remite a épocas remotas en que lo público era sinónimo de descuido y fealdad.

La administración pública departamental  requiere de mejores condiciones para el buen desempeño de sus funciones, lo que implica  sedes modernas, no solo en su estructura física sino también en dotación tecnológica acorde con las exigencias de los procesos que le corresponde ejecutar.

Se podría argumentar que el mismo edificio podría ser remodelado y ajustado a tales requerimientos, como lo haría un inversionista extranjero para adecuar allí un hotel de cinco estrellas, pero ello implica retomar la nunca terminada discusión sobre las prioridades del Estado al invertir recursos. Lo mucho que han logrado los gobernadores que por allí han pasado en las dos últimas décadas es hacer pequeñas intervenciones, con cuantiosos recursos, que no se alcanzan a notar ante las dimensiones del deterioro general del inmueble.

Ojalá no fuera necesario vender el  Palacio de la Proclamación y que con inversiones de la nación y del departamento continuara siendo un bien público convertido en museo, biblioteca o centro cultural, pero si tal posibilidad no resulta viable, lo más decoroso es que la Gobernación salga de allí y se oxigene de una vez por todas en un centro administrativo que brinde garantías de comodidad, trabajo eficiente y atención digna al público que demanda sus servicios.

De nada sirve reclamar la propiedad exclusiva de tales bienes, si ello no conduce a políticas públicas fuertes y coherentes que  garanticen su restauración y conservación. Hacer lo contrario es valorar simbólicamente unos adefesios patrimoniales.



*Trabajador Social y Periodista, docente universitario, asesor en comunicaciones.



germandanilo@hotmail.com

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