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Columna

Murallas y negocios

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El jueves pasado, los cartageneros que circulamos por la Avenida Santander, a la altura de La Tenaza, nos sorprendimos al ver, en el lugar donde tradicionalmente se vuelan cometas, la instalación de parapetos que llevaban el logo de una empresa automotriz coreana. 
Se trataba del montaje de una inmensa sala de exposiciones y sugestivas pruebas de autos de todas las gamas, que tendría ocho días de duración.
¿Cómo era posible que se le diera uso de vitrina comercial a tan emblemático lugar, al pie de las murallas? Llamé a la Ministra de Cultura para averiguar si su dependencia estaba informada de este desatino. Me dijo que sí, que había recibido información fidedigna de que la multinacional Hyundai proyectaba hacer una exposición de sus productos en área de influencia del Centro Histórico, que el permiso había sido dado por el Secretario de Interior y que ya habían enviado carta de protesta al alcalde (e) de Cartagena.
Ayer en la mañana, el portal Metro informó que “una vez enterado el alcalde encargado de la posición del Ministerio, dio instrucciones para que se ordenara el desmonte de la estructura que ya se había comenzado a montar en el sector de Las Tenazas.” ¿Conclusión? El Secretario de Interior había concedido un permiso sin conocimiento de su superior, algo que no extraña en esta administración.
El problema es complejo: la Alcaldía podía dar ese permiso sin faltar a la ley. Eso debió de haber pensado el Secretario de Interior. Lo que no pensó es que existe una rigurosa vigilancia de ciudadanos, medios de comunicación y del Ministerio de Cultura sobre monumentos del Centro Histórico, sus áreas de influencia y el uso que se haga de ellos.
La complejidad de este incidente llama a la suspicacia si se recuerda que el presidente de la multinacional automotriz aportó recursos a la campaña del candidato y luego alcalde Campo Elías Terán y que éste, desde el comienzo de su mandato, ha hecho y sigue haciendo gestiones para favorecer proyectos de este empresario.
Y una de esas gestiones es la de conseguir permiso para que el empresario, que se ganó “el reino de los cielos” con la financiación de obras en la Catedral de Cartagena, se gane ahora la construcción de un puente entre Chambacú y El Cabrero, puente que “vendería” mejor el proyecto de un complejo centro de negocios en el sector, ahora en la mira de inversionistas y especuladores.
La influencia del empresario sobre la administración actual es indudable. Esa es la verdad. Ya se vio en los días de La Cumbre, cuando se exhibieron en el Camellón de los Mártires los carros blindados de su empresa, una inmejorable vitrina internacional ganada por razones y medios que desconocemos.
En la carta de la Ministra y el director de Patrimonio se recuerda que las murallas son “bien cultural del ámbito nacional” y que el permiso concedido “nada aporta a la imagen, conservación y valoración de tan importante conjunto monumental.” Y señalan “los antecedentes gravísimos que se establecen” al conceder esta clase de permisos. ¿Si se le da ese uso comercial a una empresa, por qué no dárselo después y con frecuencia a otras?

* Escritor

collazos_oscar@yahoo.es

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