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Nacionalizaciones buenas y malas

La decisión soberana de Argentina de retomar el control de su petróleo, ha sido criticada por estatista y por quebrar la estabilidad jurídica de los inversionistas privados.

La decisión puede ser discutible, pero la mayoría de esas críticas pasan por alto los motivos del gobierno argentino para nacionalizar su empresa petrolera por el mal manejo que le daba Repsol a uno de los recursos naturales más estratégicos de cualquier país.

Controlar empresas privadas por parte del Estado no es siempre es negativo o criticable; más aún, en muchos casos es conveniente y hasta necesario. Algunos de los que hoy en se rasgan las vestiduras por la adquisición forzada del 51% de las acciones de Repsol-YPF por parte del Estado argentino, en su momento aplaudieron la nacionalización de bancos y otras entidades financieras en Inglaterra, Estados Unidos y otros países durante la crisis del 2008. En Colombia también han sido aplaudidas intervenciones del Estado para nacionalizar o tomar el control de bancos y otras empresas como Saludcoop, para citar la más reciente.

El Estado, como regulador del mercado, tiene la potestad y a veces la obligación de defender el interés público, inclusive en contra de los derechos de algunos particulares. Es necesario analizar contexto y razones de cada nacionalización para saber si se justifica. Este análisis no se ha hecho en el debate sobre el caso de Repsol, y los medios han dado muy poca información sobre el abastecimiento del petróleo en Argentina; tampoco mencionan que aún después de la nacionalización de Repsol-YPF el Estado argentino quedará con menos control sobre su petróleo que países como Brasil, Colombia o México.

Lo que hará en el caso de Repsol es una expropiación con indemnización, es decir, que la empresa española recibirá compensación por sus acciones. A propósito, cabe recordarle al presidente Santos que en Colombia sí ha habido expropiaciones y, peor aún, algunas sin indemnización, como la Financiera FES, o el más escandaloso de Granahorrar, donde sus accionistas fueron despojados de su propiedad sin recibir un peso. Pocas voces protestaron por la falta de estabilidad jurídica para los inversionistas en esos casos.

El verdadero punto álgido del conflicto entre Argentina y Repsol es cuánto se pagará por las acciones: ¿cuál es su precio justo? ¿Quién hará la valoración de YPF, y cómo? Estas cuestiones son mucho más complejas en empresas petroleras, pues está el debate sobre a quién pertenecen las reservas de petróleo que explota la empresa, y si el valor de estas debe incluirse en el precio de las acciones.

En Colombia la Constitución no deja dudas en cuanto a que el petróleo y todos los recursos minerales pertenecen a la Nación, y las empresas privadas tan solo reciben una concesión para explotarlos, a cambio de la cual deben pagar unas regalías al Estado. Lo que ha pasado con la venta, entre particulares, de empresas mineras como la Drummond o La Ventana, es que se paga un precio alto que incluye el valor del carbón y el oro colombianos, y el Estado no ha recibido nada de esas ganancias extraordinarias por el absurdo nivel tan bajo que tienen las regalías de esos minerales.

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