“La mayor ventaja que tienen los delincuentes para perpetrar robos, atracos y extorsiones es el miedo de la gente, que les impide actuar con rapidez y decisión para evitar convertirse en víctimas.
“El miedo de la gente tiene muchas causas. Algunos desconfían de las autoridades y sobre todo, de la justicia. Buena parte cree que los fiscales y jueces no actuarán con la suficiente eficacia, o reciben dinero para liberar a los delincuentes. Gran parte teme las retaliaciones de los delincuentes contra el denunciante o su familia.
“El problema es que
no denunciar un delito es la causa principal de que crezca la inseguridad hasta convertirse en un flagelo contra el que cuesta mucho trabajo y mucho dinero enfrentarse.”
He tomado prestado el título de este artículo y los párrafos precedentes del editorial de EL UNIVERSAL de ayer, pues idénticos conceptos podemos predicar de los atropellos diarios que los burócratas de las distintas ramas del poder público hacen soportar a los usuarios, imponiéndoles requisitos, procedimientos, declaraciones y menciones que la ley no exige. Es la típica vía de hecho que ultraja al usuario y que coloca el capricho del funcionario, sea jefe o subalterno, por encima de la ley. Ésta no vale frente a la voluntad el burócrata, como tampoco valen nada la Constitución Política ni la dignidad ni los derechos de los ciudadanos.
Si en vez pasada me referí a la Dian como ejemplo claro del atropello a la ley para imponer requisitos abusivos, hoy debo mencionar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena como emuladora de aquella en la imposición de exigencias ilegales a los usuarios. En esta Oficina se les ha dado ahora por obligar a que en las escrituras se digan las áreas de los bienes objeto de declaración, cuando la ley de modo expreso deja esa mención como opcional. Aducen, sin mostrarla, una instrucción superior. Aunque se les recuerde que la Constitución veda la creación de exigencias no contempladas en la ley reguladora del registro, allá ponen su voluntad por encima de la Constitución y la ley.
Los servidores públicos son responsables por omisión y extralimitación de funciones, y ésta existe cuando exigen requisitos, procedimientos, menciones o declaraciones no contempladas en la ley, sin que las órdenes superiores puedan servir de excusa, pues ningún presidente, ministro, superintendente, gobernador o alcalde puede autorizar la violación de la ley.
La lucha del ciudadano es difícil porque las demandas ante la jurisdicción administrativa no son remedios de corto plazo. Y los burócratas tienen de seguro que procuradurías y Fiscalías, no son siquiera tigres de papel cuando el entramado político se interpone.
A pesar de ello, todos debemos seguir el consejo del editorialista de EL UNIVERSAL: no nos dejemos. Recurramos a la denuncia y apremiemos la revitalización de estos tigres de papel para que cumplan a cabalidad lo suyo. Además, acudamos al remedio de la tutela ante la vía de hecho administrativa.
Pero ojalá en ningún caso el ciudadano se resigne ante las guerrillas de escritorio, detrás de las cuales muchas veces están los peajes y máquinas tragamonedas.
P.D. Esta columna está abierta para divulgar las quejas fundadas contra los atropellos de la burocracia.
Abogado – Docente Unisinú - Cartagena
h.hernandez@hernandezypereira.com
He tomado prestado el título de este artículo y los párrafos precedentes del editorial de EL UNIVERSAL de ayer, pues idénticos conceptos podemos predicar de los atropellos diarios que los burócratas de las distintas ramas del poder público hacen soportar a los usuarios, imponiéndoles requisitos, procedimientos, declaraciones y menciones que la ley no exige. Es la típica vía de hecho que ultraja al usuario y que coloca el capricho del funcionario, sea jefe o subalterno, por encima de la ley. Ésta no vale frente a la voluntad el burócrata, como tampoco valen nada la Constitución Política ni la dignidad ni los derechos de los ciudadanos.
Si en vez pasada me referí a la Dian como ejemplo claro del atropello a la ley para imponer requisitos abusivos, hoy debo mencionar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena como emuladora de aquella en la imposición de exigencias ilegales a los usuarios. En esta Oficina se les ha dado ahora por obligar a que en las escrituras se digan las áreas de los bienes objeto de declaración, cuando la ley de modo expreso deja esa mención como opcional. Aducen, sin mostrarla, una instrucción superior. Aunque se les recuerde que la Constitución veda la creación de exigencias no contempladas en la ley reguladora del registro, allá ponen su voluntad por encima de la Constitución y la ley.
Los servidores públicos son responsables por omisión y extralimitación de funciones, y ésta existe cuando exigen requisitos, procedimientos, menciones o declaraciones no contempladas en la ley, sin que las órdenes superiores puedan servir de excusa, pues ningún presidente, ministro, superintendente, gobernador o alcalde puede autorizar la violación de la ley.
La lucha del ciudadano es difícil porque las demandas ante la jurisdicción administrativa no son remedios de corto plazo. Y los burócratas tienen de seguro que procuradurías y Fiscalías, no son siquiera tigres de papel cuando el entramado político se interpone.
A pesar de ello, todos debemos seguir el consejo del editorialista de EL UNIVERSAL: no nos dejemos. Recurramos a la denuncia y apremiemos la revitalización de estos tigres de papel para que cumplan a cabalidad lo suyo. Además, acudamos al remedio de la tutela ante la vía de hecho administrativa.
Pero ojalá en ningún caso el ciudadano se resigne ante las guerrillas de escritorio, detrás de las cuales muchas veces están los peajes y máquinas tragamonedas.
P.D. Esta columna está abierta para divulgar las quejas fundadas contra los atropellos de la burocracia.
Abogado – Docente Unisinú - Cartagena
h.hernandez@hernandezypereira.com
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