El título de esta columna es el del Informe sobre la democracia en América Latina elaborado por la OEA y el PNUD y en el cual, junto con otros colombianos y latinoamericanos tuvimos la oportunidad de participar en las consultas previas.
El documento parte de reconocer que después de las transiciones a las democracias en América Latina, nunca la región había vivido un período más largo de vigencia democracia, con la excepción del golpe frustrado contra el Presidente Chávez en Venezuela en el 2002, el intento de golpe en Ecuador de 2010 y el golpe en Honduras en 2009, pero considera que es fundamental mejorar la calidad de la democracia.
El Informe trabaja con un entendimiento de la democracia “definida no sólo por el origen del poder en la soberanía popular, sino también por su ejercicio a través de las instituciones republicanas de gobierno y normado en el Estado democrático de derecho, y por su finalidad, que es la de garantizar, materializar y extender los derechos ciudadanos en las tres esferas básicas de la ciudadanía.”
Por lo tanto, destaca que la ciudadanía, contraparte de la democracia, no se expresa exclusivamente en lo político -acceso y condiciones de permanencia en los cargos públicos; representación de mujeres y minorías étnicas; mecanismos de toma de decisiones de gobierno-, sino que igualmente tiene que ver con la ciudadanía civil -vigencia de las libertades básicas, acceso a la justicia y acceso a la información pública- y social -deficitario acceso de las mayorías a servicios de salud, educación y protección social, y la enorme extensión de la pobreza y la desigualdad-.
Igualmente trata lo relativo al poder, especialmente lo atinente a dónde se localiza, cuán distribuido o concentrado está, si se halla en manos de las instancias designadas democráticamente para ejercerlo o si es ejercido desde las sombras por los llamados “poderes fácticos.
El informe propone priorizar tres áreas de política pública para atacar los déficit de las democracias latinoamericanas: la fiscalidad -concebida como un instrumento para equilibrar los poderes económico y político, aumentando concomitantemente la capacidad del Estado para generar ciudadanía-, la exclusión social y la seguridad pública - que redunda en la vigencia incompleta del derecho más elemental de todos: el derecho a la vida, que finalmente podría provocar un deterioro del apoyo ciudadano a las instituciones democráticas-. A propósito de esta última política pública el Informe plantea una serie de incidencias de la inseguridad ciudadana sobre el funcionamiento de la democracia: “En primer lugar, la inseguridad ciudadana y el temor deterioran el apoyo a las instituciones democráticas y permiten que afloren expresiones autoritarias largamente arraigadas en la cultura política de la región…;En segundo lugar, en contextos donde hay una alta tasa de homicidios –así como organizaciones armadas de guerrilleros y narcotraficantes- las fuerzas policiales y crecientemente las fuerzas armadas tienden a asumir roles protagónicos, que las pueden llevar a ganar espacios de autonomía indebidos frente a los poderes civiles y democráticos…;La tercera repercusión política que merece atención concierne al debilitamiento del Estado y su legalidad…;”
Esperamos que nuestros lectores examinen y consulten este importante documento sobre las democracias latinoamericanas.
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