Todo cambia con el paso del tiempo, y pocas veces para bien del país y el rumbo de sus instituciones. Los hechos imponen su imperio. Su tozudez rompe las mordazas y desbarata las apariencias. Con Alejandro Ordóñez Maldonado –producto de una larga y meritoria carrera judicial– se modificó por completo el proceso de selección de los nombres para proveer el cargo de procurador.
Hace cuatro años su nombre circuló solito desde que el Consejo de Estado lo postuló. ¡Qué campaña tan sabrosa! La ventaja que sacó, sin rival en la pista, fue tan evidente que la votación se llevó a cabo sólo para llenar el requisito. Los demorados de entonces fueron la Corte Suprema y el presidente de la República, quien sacó su carta de último, porque su verdadero candidato era Ordóñez.
La historia se repitió. El doctor Ordóñez no quiso ser menos que su antecesor y gracias a su poder de nominación “persuadió”, en el mejor estilo uribista, a la Corte Suprema de Justicia y a la mayoría del Senado de que su reelección es indispensable. La Corte imitó la maroma del Consejo de Estado, y el presidente dejó su candidato para el final. Se reprodujo la sabrosura del 2008. Otro huevito que Santos le cuidó a Uribe.
¿Ha sido Ordóñez un buen procurador?
Aciertos tiene en su haber con muchas decisiones. Contribuyó con ellas a reprimir actos de corrupción e irregularidades que merecían sanción. Negarlo sería un despropósito, ya que numerosos son los multados, suspendidos, destituidos e inhabilitados que no podían esperar benevolencia para sus faltas disciplinarias. Pero, por otra parte, desconcertaron otras decisiones y algunas peticiones en las que brilló más el cálculo político de nuestro duque de Otranto que sus convicciones jurídicas.
Por eso, justamente, las reacciones contra su prisa de hacerse reelegir son tan implacables, porque en esos casos prevaleció su conveniencia individual sobre la responsabilidad implícita en su misión: las absoluciones que solicitó para senadores condenados por parapolítica o las sanciones tardías pero de buen efecto en la opinión que recayeron sobre altos funcionarios del gobierno anterior, cuando ya otros organismos de control o la Justicia se habían pronunciado.
Sin embargo, no todo lo que empuja la reelección de Ordóñez es culpa suya. Si el Constituyente del 91 le hubiera dado al período del procurador el mismo tratamiento que les dio a los del contralor general y el Fiscal, otro gallo estuviera cantando, que no sería el iluso ternado por el Consejo de Estado. No estarían en riesgo de atrofiarse más aún los contrapesos que contempla nuestro sistema político para preservar el equilibrio de poderes.
Lo que jamás supuso nadie en Colombia, pese a la clientelización de todas las ramas del poder, fue que los magistrados de nuestra Corte Suprema abajaran la majestad de su representación para gratificar a otro jerarca que les nombra las señoras, las subseñoras y los parientes desempleados. El doctor Ordóñez se habría consagrado históricamente si, en lugar de pedir que le quitaran la competencia para juzgar a los congresistas, hubiera sugerido que prohibieran la reelección del procurador.
Benedicto XVI lo tendría incluido en su agenda de canonizaciones.
*Columnista
carvibus@yahoo.es
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