Nuevo Fiscal

La elección de Eduardo Montealegre como Fiscal General de la Nación suscita esperanzas de que la labor investigativa de los delitos se adelante con seriedad, imparcialidad y honestidad.
El país tiene buenas razones para estar descontento con el desempeño de la Fiscalía en sus veinte años de existencia. Si bien ha habido períodos juiciosos y se han cosechado muchos aciertos, también muchos y protuberantes han sido los casos que siembran dudas, cuando no mueven al rechazo.
La Fiscalía necesita ganar credibilidad ciudadana. Tanta habladuría de los fiscales, tanto afán de mostrar un trabajo que satisfaga a influyentes medios de comunicación, tanto preanuncio de sus decisiones, ha creado un ambiente de escepticismo en torno a su eficacia y a la juridicidad de sus actos, escepticismo que se convierte en seria reserva sobre la honestidad de sus procedimientos cuando se observa la acumulación agresiva y sin sustento de imputaciones y cuando se encuentra que para mantener en pie algunas de esas imputaciones ligeras se recurre a medios poco ajustados a la ética, como la oferta de principios de oportunidad y rebajas de pena con tal de conseguir que algunos investigados se vuelvan contra sus antiguos jefes o compañeros de trabajo. En casos adelantados por la fiscal Viviane Morales quedaba la sensación de estar en un mercado de compra jurídica de testigos para, a ultranza, encontrar sustento para inculpar a determinadas personas.
La exageración de acusaciones es otro factor de descrédito. Como expresa una juez, no se puede seguir enviando gente a la cárcel por conjeturas. No se puede seguir acusando sin fundamento fáctico demostrable. Máxime cuando, luego al sobrevenir la libertad sin condena, el Estado tiene que pagar enormes indemnizaciones por las temeridades de fiscales y jueces.
Del doctor Montealegre, dado su tránsito por la Corte Constitucional, es de esperar que en su anunciado celo por el respeto a las garantías de los investigados y por devolverle majestad a la justicia, imponga pronto el debido comedimiento en las acusaciones y deje la Fiscalía General de asemejarse a un lanzador de cargos para ver si alguno pega o para, en juego tramposo, lograr la falsa victoria de que las atribuladas víctimas de los inicuos cargos terminen aceptando responsabilidad en menores delitos, que no cometieron, para no verse expuestos a mayores injusticias; esto es, para salir pronto del amargo trance, como quien paga la extorsión o el rescate por el injusto chantaje o la delictual privación de la libertad.
Un elemento esencial de sosiego para cualquier sociedad es la confianza en los mecanismos de justicia. En Colombia impera un amplio margen de incredulidad en las buenas intenciones y rectitud de procederes de cualquier autoridad. En especial, los abogados en ejercicio podemos palpar cómo los ciudadanos interesados en cualquier trámite expresan, en mayor o menor grado, su preocupación porque intereses económicos o torvas intenciones del funcionario, o presiones de influyentes personajes del Gobierno o de la economía, o dinerarias ofertas generosas de otras partes, puedan ser los factores determinantes de las decisiones, en lugar del derecho. Y la Fiscalía no es excepción.
Montealegre tiene la oportunidad de sacar la Fiscalía General del circo y volverla al austero pero majestuoso recinto de la justicia.

Abogado – Docente de la Universidad del Sinú – Cartagena

h.hernandez@hernandezypereira.com