Nules y Morenos

Nule y Moreno son los apellidos más conocidos y más pronunciados en Colombia en esta época. Todos los días lo atinente a ellos constituye la noticia más suculenta para la prensa y hasta en los chascarrillos son el tema favorito de los bromistas.

No hay duda. El carrusel de la contratación de Bogotá está de moda, presentado como el asunto prioritario de Corte Suprema, Fiscalía, Procuraduría y Contraloría.
Funcionarios de la justicia y de los órganos de control aparecen y recogen dividendos con la publicidad desmesurada que se da a sus actos, a lo que se sospecha que van a hacer y al juego del preanuncio de sus decisiones. En este recorrido todo ha estado predicho, como si se obrara con un libreto organizado en tiempo, espacio y personajes. Negocio de la Fiscalía con los Nule, retorno al país de éstos con garantías aseguradas, caída del Contralor de Bogotá, sanciones de la Procuraduría, prisión de Iván Moreno por orden de la Corte Suprema, caída del alcalde Samuel Moreno, y ahora nos falta la pérdida de la investidura senatorial de Iván Moreno y la destitución y prisión del alcalde Samuel.
Los hechos invitan a reflexionar sobre si se trata de una ola verdadera de diligencia judicial, fiscal y de control, o si esta marejada es causada por la presión de algunos medios y el afán publicitario de algunos funcionarios. Si resulta ser lo primero, hay que regocijarse porque exista en Colombia una decidida tendencia a poner contención al desorden en el manejo público. Si lo segundo, pues debemos apesadumbrarnos porque se trata de justicia de corto plazo y medido alcance geográfico, institucional y político.
Con valores distintos, el caso de Bogotá es una simple muestra de lo que acontece en el país. Valga por ejemplo que como causal de suspensión del alcalde Moreno se aduce la demora en obras importantes, como la renombrada calle 26, arteria indispensable para la movilización en la capital. Si de aplicar verdadera justicia se trata, ¿se recetará la misma regla a la tardanza de Transcaribe?
Si de carruseles hablamos, creo que con distinto tamaño y ante distintos organismos ha ocurrido u ocurre otro tanto en los distintos departamentos y ciudades de Colombia. En general la contratación suele tener nombre propio desde cuando se concibe y ello obedece a una lógica política y administrativa: las licitaciones son preparadas a la medida del ganador predesignado, los comités evaluadores acostumbran obedecer directrices en el mismo sentido y los asesores del organismo público suelen ser los asesores del ganador predesignado. Sin escrúpulo por conflictos de intereses, los mismos personajes que merodean en el gobierno y que, en veces preparan las decisiones de gobierno, son los que elaboran las ofertas. Quienes presentan la solicitud redactan la decisión que la resuelve.
Por eso hay que pedir que Fiscal, Procurador y Contralor no estén luchando por la consagración pública como regeneradores tomando a Nules, Moreno y al Polo como cabezas de turco, sino que, con la misma energía y presteza, examinen lo que ocurre en otras latitudes. Bogotá es Colombia, pero no todo Colombia, y la justicia debe llegar a todos los rincones, incluido Cartagena, y no quedarse como privilegio de la capital.