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Otra patica le salió al cojo

Cinco ciudadanos que tenían posesión regular, quieta y pacífica sobre el predio La Puntilla, en Barú, del cual aducen ser propietarios, presentaron una demanda de reparación directa por habérseles lanzado de lo suyo en forma recurrente y arbitraria, y aspiran a que la Superintendencia de Notariado y Registro revise los títulos que, por arte de birlibirloque, contienen una venta irregular, a juicio de ellos.

Ese predio, La Puntilla, es uno de los que FONADE aporta al proyecto que aspira a desarrollar con Playa Blanca Barú S.A.S., de conformidad con la escritura pública 235 del 17 de febrero de 2012. Otra patica que le salió al cojo, y que no es nada rara por las dificultades que en la isla han surgido entre compradores y vendedores de tiempo atrás, incluyendo a las empresas industriales y comerciales del Estado.

En dos platos, la tesis de los cinco ciudadanos está encaminada a demostrar que la extinta Corporación Nacional de Turismo adquirió, a lo mejor de buena fe, uno o varios predios de propietarios que no lo eran. Pero ese dislate puede enredar el vínculo societario entre FONADE y Playa Banca Barú S.A.S., en caso de que más adelante se les reconozca a sus contrapartes –algunos nacidos allí– los derechos que pleitean.

El embrollo no es reciente, y el apoderado de los reclamantes alega que mal hizo la Nación en comprar, sin estar seguros sus personeros de que no había una falsa tradición, predios que pondría “al servicio de grandes conglomerados económicos”, muy eficaces en el uso de los fierros de su poder en la práctica mercantil y en sus gestiones ante cualquiera de las ramas del poder. La pelea ha sido dura: asedios policivos, denuncias penales, coacciones administrativas, procesos contenciosos, vías de hecho, etc.

Cuando el asunto fue ventilado en la Fiscalía General, el vicefiscal le negó a FONADE un restablecimiento del derecho con la consiguiente entrega de las tierras objeto de litigio y puso a salvo la garantía procesal de la intangibilidad de la cosa juzgada. Por eso, ahora, la restitución la invocan los cinco ciudadanos atropellados, entre otras cosas porque se desconoció la decisión de la Fiscalía.

A los directores de Departamentos Administrativos les corresponde (Art. 208 de la Constitución), bajo la dirección del Presidente de la República, formular las políticas atinentes a su ramo, conducir su actividad administrativa y ejecutar la ley. Un presidente que ha sido tres veces ministro y una vez designado a la Presidencia conoce el estatuto que juró cumplir. Pero, ¿nos saldrá mañana, si le salta un pedrusco con las propiedades de FONADE en Barú, que él ignoraba la indiferencia de Planeación Nacional en relación con ellas, tal como le sucedió al doctor Álvaro Uribe con los exabruptos del DAS?

No se sabe, hasta el sol de hoy, si los congresistas de Bolívar, al mirar los informes que dentro de los primeros quince días de cada legislatura deben presentar los directores de Departamentos Administrativos, han pedido explicaciones sobre la situación de los predios de FONADE en Barú. Mejor ocasión para adelantar un debate resonante no tendría nuestra lujosa nómina de senadores y representantes como la que le brinda la legislatura que se inició anteayer.



*Columnista



carvibus@yahoo.es

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