Otro crimen de Estado impune

El 20 de octubre de 2010, se cumplieron 12 años del asesinato de Jorge Luis Ortega García. La burguesía, con la complicidad del Estado, a través de sus paramilitares y organismos de seguridad, decidieron acabarlo físicamente. Jorge nació en San Jacinto, Bolívar. Allí empezó su espíritu solidario con los humildes, y comenzó su vida sindical en 1979, en Electribol. Su trasegar con las bases lo hizo pronto directivo de Sintraelecol, Fenasintrap y de la CUT. Desde el sindicalismo, luchó incansablemente por el bienestar de los trabajadores y la defensa de las empresas estatales, por la no entrega a las multinacionales y al capital mafioso. Recordamos el dolor de sus 2 hijos, Jorge Luis y Cristian Camilo, de su madre, la niña Choy, y la consigna del sindicalismo en el sepelio: “San Jacinto lo parió, la Brigada 20 y Pastrana lo mató". En medio de la protesta obrera, siendo Vicepresidente Nacional de la CUT y de la Comisión Negociadora, durante el paro del sector estatal, el 20 de octubre de 1998, a las 7:30 p.m., al entrar a al conjunto donde vivía en Bogotá, un sicario le descargó 6 disparos, varios en el cráneo. El Estado nunca hizo lo suficiente por protegerlo. El día anterior, en una sesión del Comité de Evaluación de Riesgos, Jorge denunció ante delegados del Ministerio del Interior, de Trabajo, Policía Nacional, Consejería para los DDHH, la Vicepresidencia y el DAS, entre otros, los riesgos contra su vida. El B2, organismo militar, el DAS, y el ESMAD, aparato policial con licencia del Estado para atemorizar la expresión Constitucional de la protesta pacífica, la ley penal militar, aunque existan pruebas, no condena a sus integrantes, causando mucho daño e impunidad al movimiento sindical, social y a todo opositor al régimen. Jorge no renunció al derecho de tener escoltas, siempre y cuando fueran de su confianza, como lo permite la ley. Los 2.746 asesinatos de dirigentes desde el nacimiento de la CUT, confirman la impunidad de los altos mandos de seguridad, defendiendo intereses privados ilegalmente con el aparato estatal, contra el movimiento sindical. El Gobierno y por ende el Estado, es el único responsable, por su ineficacia para evitar estos crímenes y por no castigar a sus autores. La impunidad es norma en Colombia, con asesinatos probados de dirigentes por el binomio Fuerza Públicas y capitalistas nacionales y extranjeros, que no son castigados por la justicia. El gobierno y este sistema buscan que nos volvamos insensibles frente a los crímenes y el genocidio contra el movimiento sindical. Se mantienen los asesinatos a sindicalistas, ONG, defensores de DDHH, sectores vulnerables y las amenazas de grupos paramilitares (Águilas Negras). Como sociedad civil, demandamos ante la justicia que se establezca la responsabilidad política de las autoridades que reiteradamente omiten la de protección acordada con las organizaciones sindicales y de DDHH. Igual situación vivimos con los responsables de la PONAL en Cartagena y la Fiscalía, menospreciando las amenazas a los dirigentes de la CUT Bolívar, calificando sin fundamentos técnicos ni investigativos serios, el riesgo de nuestras amenazas como “ordinario y que las Águilas Negras no existen” y la Fiscalía, como no somos de apellido Uribe, no investiga nada. *CUT BOLÍVAR cutbolivar@gmail.com