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El último gran escándalo de la política colombiana –el asilo otorgado por el gobierno de Panamá a la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado- no sólo tendrá un impacto internacional enorme contra la imagen de Colombia, sino que podría tener consecuencias imprevisibles en el equilibrio político colombiano, en el ejercicio de la justicia y en el proceso mismo de encontrar la verdad detrás de crímenes tan graves como el espionaje que se practicó torvamente contra la Corte Suprema de Justicia, contra el periodismo independiente y contra los partidos políticos de oposición.

Asombra repasar las docenas de veces que Colombia ha sido noticia central en los medios de comunicación internacionales en los últimos 4 años por culpa de crímenes atroces, de denuncias de actos mayúsculos de corrupción que involucran altos funcionarios, políticos poderosos y hasta miembros de la familia presidencial anterior, y de otras violaciones graves de los derechos ciudadanos, protegidos por la Constitución, tales como las chuzadas de los teléfonos de los altos magistrados. Ahora recibirá el mundo entero la noticia de que nada menos que la jefa del organismo de seguridad del país ha tenido que huir y asilarse en otra nación amiga porque se siente perseguida y sin garantías para su vida.
Lo extraño del asunto es lo que los colombianos se vienen preguntando: ¿cómo es que la toda poderosa ex directora de la seguridad nacional tiene tanto miedo, siendo que quien está en el gobierno no es de ninguna manera un partido enemigo, sino, por el contrario, proviene del mismo grupo? Si todos sabemos que el actual presidente era el Ministro de Defensa y mal tendría por qué querer hacerle daño. Al contrario, no es difícil suponer que la señora Hurtado goza de las mejores garantías para su defensa, rodeada como está de un gobierno amigo.
Entonces, ¿por qué huye y solicita asilo en otro país, argumentando temor por su vida? Todo parece indicar que lo hace porque ella es precisamente la persona clave, el eslabón que hace falta en el camino hacia la verdad en el proceso de desentrañar quién finalmente dio las órdenes para que se hiciera espionaje ilegal en Colombia con fines siniestros. Todo indica, además, que iba a ser capturada y nadie más que ella está en posesión de conocimientos que podrían comprometer gravemente a personas encumbradas.
El problema que enfrenta el presidente Santos es muy delicado y complejo: por una parte, su gobierno, que apenas comienza, está siendo acusado de no ofrecer garantías a sus ciudadanos, de modo que si no actúa con firmeza puede pasar que la comunidad internacional crea que es así o, peor, que no tiene mayor interés en que se conozca la verdad.
Por lo pronto, tanto el presidente como la ministra de Relaciones Exteriores han expresado claramente su desacuerdo con el asilo otorgado y su intención de elevar una protesta. Es probable que haya que ir un poco más allá de las declaraciones, sobre todo, ante la noticia de que otros altos funcionarios están pensando también en invocar el asilo. ¿En qué quedará la justicia colombiana si esto pasa?

*Historiador. Profesor de la Universidad de Cartagena.

alfonsomunera55@hotmail.com

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