La suerte del controvertido y posteriormente revocado Decreto 1144 de 2012, cuyo objetivo era reglamentar el uso del suelo en la Zona Norte, evidencia la colcha de retazos, la improvisación, la respuesta a intereses individuales y la visión cortoplacista en que se ha convertido la planeación en Cartagena.
Más allá de las razones que motivaron su revocatoria, este instrumento de gestión del suelo para la ciudad constituía una oportuna iniciativa para planificar, considerando la repartición equitativa de cargas y beneficios, el principal polo actual de expansión urbana de la ciudad. Cartagena tiene considerables restricciones de disponibilidad del suelo, alto nivel de déficit habitacional y deficiente provisión de equipamiento urbano.
La Zona Norte representa un lienzo de oportunidades para Cartagena por su extensión, características geográficas, riqueza cultural y atractivos naturales y turísticos. Sin embargo, los corregimientos y suelos de expansión urbana parecen estar a merced de la voluntad e interés económico de algunos pocos. Se nota el desbalance en la ecuación del desarrollo sostenible que debe equilibrar la justicia social, el crecimiento económico y la protección del medio ambiente.
Lo anterior se agrava por el hecho de que las intervenciones asertivas y pertinentes de la administración pública sobre esta zona es baja al contar con un Plan de Ordenamiento Territorial que fue formulado y aprobado hace más de una década y que no responde a las dinámicas sociales, económicas y ambientales de Cartagena.
Por tanto, y adicional a su baja capacidad institucional, la Administración Distrital tiene seriamente limitada la provisión de servicios e infraestructura para los actuales y futuros pobladores, por lo que el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes se verá seriamente comprometido.
Sin embargo, de la intención que fue el proceso de reglamentación de la Zona Norte resulta interesante el acompañamiento y defensa que expresaron las comunidades de los corregimientos que se encuentran en la zona que, de acuerdo con el mismo decreto y reportes de prensa, participaron en la formulación de las disposiciones del decreto en mención.
Este tipo de procesos participativos que vinculan activamente a la población interesada son los que requiere la ciudad para reducir las disparidades sociales y económicas, y lograr un desarrollo democrático del territorio que no responda al mero interés individual de unos pocos.
El gran interrogante que resulta de este fallido proceso es si Cartagena continuará su descontrolada y excluyente historia de expansión urbana desde la época colonial, tal como lo han identificado diversos estudios, como el de Adolfo Meisel y María Aguilera, “¿La isla que se repite?”
La coyuntura que se presenta en la planeación territorial de Cartagena y con el proyecto de revisión del Plan de Ordenamiento Territorial debe orientarse hacia el rompimiento de los patrones perversos que siguen exacerbando y polarizando el desarrollo de la ciudad y que como resultado profundizan la inviabilidad urbana de Cartagena.
Es una ciudad que parece cobijarse en lo provincial de su Corralito de Piedra al momento de requerir propuestas y políticas de planeación ambiciosas y pertinentes que conviertan sus dinámicas en catalizadores del desarrollo y no en factores que lo limiten.
*Economista y Profesional en Finanzas y Negocios Internacionales de la UTB
jorgec86@gmail.com
Las opiniones aquí expresadas no comprometen a la UTB o a sus directivos.
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