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Persona non grata

En julio de 2007, el alcalde de Cartagena, Nicolás Curi, reaccionó airadamente contra el periodista Pirry, realizador de un documental transmitido por un canal nacional en el que se presentaban imágenes y testimonios bastante crudos sobre corrupción, pobreza extrema y prostitución en la ciudad.

El documental tuvo tal impacto, que en un arranque de demagogia pueblerina, Curi “tacó burro” y declaró persona non grata al periodista por mostrar lo que todos conocíamos y muchos pretendían ocultar. 

Hace tres días, el Concejo distrital declaró persona non grata a la Ministra de Cultura, Mariana Garcés Córdoba, por suscribir el contrato de comodato que le da a la Sociedad de Mejoras Públicas de Cartagena el derecho a seguir administrando importantes monumentos e inmuebles de nuestro patrimonio, propiedad de la nación.

En información publicada por El Universal se dijo que “el Concejo Distrital consideró que la acción administrativa de Garcés Córdoba es una afrenta a la ciudad, por tanto, en la proposición se incluye solicitarle a la Procuraduría investigar a la alta funcionaria de la cultura, debido a que el Consejo de Estado dice que la competencia para otorgar el permiso era concurrente, y la Ministra debió consultar a la Administración del alcalde Campo Elías Terán, para obtener la autorización para poder otorgar el permiso.”

De inmediato, la Ministra respondió con informaciones que dejaron sin piso los argumentos de los “honorables”: primero, el alcalde y su secretaria de Planeación sí conocieron antes de su firma los términos del nuevo contrato con la Sociedad de Mejores Públicas. Hay un acta que lo confirma. Y no se trató de una prórroga sino de un contrato más exigente en sus condiciones, que tiene “un alcance jurídico y administrativo sustancialmente diferente al contrato que con anterioridad se había suscrito con el Fondo de Inmuebles Nacionales”.

La Ministra explicó que al haber aparentes competencias sobre el mismo bien, “el Consejo de Estado se ha pronunciado de manera clara mediante el concepto No. 1584 al referirse sobre la Ley 768 de 2002 (Ley de Distritos)”  En este concepto se aclara que dicha ley “no ha suprimido las facultades de administración del Ministerio de Cultura sobre los bienes de patrimonio cultural de la Nación ubicados en los nombrados distritos especiales, pues ello sería desconocer el precepto constitucional, además del derecho de dominio.”        

El Concejo argumentó, suponiendo quizá mala fe en la Ministra, que la firma de ese contrato era una afrenta a la ciudad. En el colmo del delirio, una concejala propuso prohibirle la entrada a la ciudad a una Ministra que, por otra parte, trata de darle a Cartagena un Plan de Manejo del Centro Histórico que proteja a la ciudad de los desmanes urbanísticos.    

La verdad es que, de manera razonable y no perversa, si había dudas o interpretaciones encontradas a la Ley 768 de 2002, podría haberse evitado la hostilidad demagógica de declarar persona non grata a la Ministra. Primero, pidiendo información al alcalde Terán; segundo, haciendo una consulta al Consejo de Estado y tercero, reclamando explicaciones directas al ministerio de Cultura.

 

*Escritor

 

collazos_oscar@yahoo.es

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