Se presentó formalmente la Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad, que es la política pública de seguridad del gobierno de Juan Manuel Santos. Recordemos que académicamente una cosa es la formulación de una política pública y sus objetivos y otra es su ejecución y los resultados que produzca; igualmente precisemos que una política de seguridad y defensa debe partir de definir claramente las amenazas a las cuales pretende enfrentar la misma.
La política parte de unos logros evidentes en seguridad, como son reducción del narcotráfico, de los grupos armados ilegales y el crimen y un incremento del liderazgo en seguridad. El documento reconoce que “las organizaciones que amenazan la tranquilidad de los ciudadanos se han venido transformando y adaptando a las nuevas condiciones del escenario nacional”. Igualmente se acepta las dificultades existentes de seguridad y considera estas amenazas principales: las FARC y ELN en lo relativo a la confrontación armada, las BACRIM en lo relacionado con el narcotráfico, las Milicias y redes criminales en lo concerniente con la inseguridad pública y fronteriza, finalmente la delincuencia común y el crimen organizado en el ámbito de la inseguridad ciudadana.
Como objetivos la política se propone: a) llevar a un mínimo histórico la producción nacional de narcóticos; b) desarticular los grupos armados ilegales y crear condiciones suficientes de seguridad para la consolidación; c) crear condiciones de seguridad para la convivencia ciudadana; d) avanzar hacia un sistema de capacidades disuasivas creíble, integrado e interoperable; e) contribuir a la atención oportuna a desastres naturales y catástrofes; f) fortalecer la Institucionalidad y el bienestar del sector seguridad y defensa nacional.
No hay duda que como documento de política pública lo presentado por el Ministerio de Defensa reúne los requisitos necesarios para considerarla como una adecuada formulación. Primero un reconocimiento necesario: a diferencia de la política de seguridad del anterior gobierno considera en el mismo nivel de importancia tres escenarios de seguridad interna, el del conflicto interno armado, el específico de la lucha contra el narcotráfico y el de la seguridad ciudadana-la abandonada de la anterior política-. Algunas glosas necesarias apuntan a señalar el excesivo optimismo de algunos objetivos, especialmente en la lucha contra el narcotráfico, un campo ilegal que ha mostrado una gran capacidad de adaptarse a las estrategias para atacarlo y migrar de un sitio a otro, e igualmente en lo relacionado con la desarticulación de los grupos armados ilegales –ya en el pasado hemos escuchado a varios ministros de defensa prometer acabar con la guerrilla y el resultado ha estado lejos de cumplirse-.
En este ámbito si bien es importante que el Estado fortalezca su capacidad de inteligencia, de interoperabilidad, su capacidad de control y coordinación y aumentar el apoyo y legitimidad de la sociedad, pero el Estado no puede renunciar a la dimensión política para solucionar el conflicto, que como bien lo ha reiterado el Presidente Santos debe darse cuando haya adecuada certeza del éxito de la misma.
*Profesor Universidad Nacional
vargasvelasquezalejo@gmail.com
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