Desde cuando se utilizan, los gobernantes aprendieron que las encuestas permiten precisar el grado de aceptación que alcanzan su personalidad y gestión. Además, entienden que esas valoraciones no siempre se proyectarán al futuro sin modificaciones, todo porque los parámetros que aplican los historiadores en sus análisis difieren de las perspectivas con que el colectivo percibe las bondades o defectos de un proceder o de las decisiones que se adopten no sólo para impulsar el crecimiento o avance de un conglomerado, sino para contrarrestar los efectos de las situaciones que se tornan en obstáculos para alcanzar ese propósito.
La comprobación de lo anterior la hallamos en el ranking de presidentes que publicó la revista Semana, luego de que veinte historiadores, a instancias de la fundación Liderazgo y Democracia, evaluaran a cuarenta y dos de los presidentes que ha tenido el país y cuya permanencia al frente del Estado no hubiera sido menor a dos años.
El veredicto de los analistas desmiente a aquellos que pregonaron que una exaltación de esa índole debía corresponder a Álvaro Uribe Vélez, a quien, a pesar de haber transcurrido apenas tres meses y medio desde la finalización de su mandato y contar con alto apoyo entre la población, lo pusieron en la mitad del escalafón, con tendencia a la baja, no sólo porque las investigaciones que se adelantan contra los funcionarios que mayor fidelidad le profesaron indican que sí sobornaron para obtener el triunfo de la reelección en el Congreso y en ocasiones utilizaron fondos públicos para favorecer a amigos que después financiaron las campañas electorales, sino por usar la difamación para apuntalar el empeñó que ha puesto para ocultar o destruir las pruebas que permitirían develar su participación en el espionaje que realizó el DAS durante su administración.
Justificar las actuaciones propias o las de sus amigos cuando ellas entrañan quebrantamiento de la ley hace tanto daño a la imagen del país como acolitar, recomendar o gestionar el asilo para que ellos eviten que se les juzgue, mucho más cuando el sustento de ese respaldo proviene de agresiones que contrarían la realidad y se encaminan a deslegitimar las instituciones. Estas conductas las conocíamos desde cuando Álvaro Uribe asumió como presidente. En efecto, recordemos cómo él, en cuanto avizoró los controles que el devenir de la democracia ha establecido, los menospreció y vituperó, siempre procurando su desaparición o sometimiento, por fortuna sin un éxito pleno.
Desacertó tanto con su última arremetida, que hasta el Procurador, uno de aquellos con quien comparte la misma atalaya para ver el mundo, le pidió no sólo que se atemperara y ubicara, sino que examinara con objetividad las situaciones que lo obligaron a destituir a quienes creyeron que la única ley era la voluntad del ex mandatario.
Es probable que su proclividad al vituperio continúe generándole alabanzas entre sus adeptos, de modo que su porcentaje en el escalafón de las encuestas no disminuirá. Pero lo que la historia le cobrará es que siga intentando sembrar dudas sobre la honorabilidad de los demás, como es propagar que los jueces del país armaron un complot para enlodarlo, cuando se sabe cómo y dónde se fraguaron las maniobras para ejercer un control excluyente del poder.
*Abogado y profesor universitario.
noelatierra@hotmail.com
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