Previsible calamidad moral

Considero que es un derecho fundamental del pueblo permitir que continúe el liderazgo de quienes saben conducir la patria por caminos acertados. En veces, las situaciones particulares del país hacen inoportuno cambiar de gobierno.
Desde luego, algunas reelecciones resultan provechosas y otras frustrantes, porque los gobernantes no mantienen el mismo talante o porque el entorno varía y no atinan a producir soluciones en circunstancias cambiantes. En general, la experiencia europea de los gobiernos parlamentarios reelegidos ha sido buena y otro tanto puede predicarse de la reelección presidencial estadounidense.
En Colombia la reelección de Álvaro Uribe produjo resultados complicados y dejó en evidencia que existe un segmento nutrido de la población adversa al sistema reeleccionista. Y esta consideración vale, dejando de lado que muchos ciudadanos eran opuestos a la repetición de mandato por Uribe pero la aplaudirían con entusiasmo si es otro el que repite. Ya vemos cómo los opositores de ayer, hoy alientan a Santos para que se haga reelegir.
Pero la reelección presidencial pasó, es un hecho constitucional y como tal debe aceptarse, aunque ello no implique cerrar el debate que, por otra parte, siempre será pertinente, pues toca con el legítimo derecho del pueblo a escoger sus gobernantes, legítimo derecho cuyo recorte por un congreso y una corte judicial puede mirarse como impropio.
Ahora, por vigésima primera vez, retorna la discusión sobre la reelección de gobernadores y alcaldes. Para defender su pertinencia y oportunidad bastaría decir que se trata de trasladar a las entidades territoriales la regla que rige para la nación, que el principio de igualdad en el régimen de selección de autoridades políticas así lo aconseja y que la continuidad de los programas territoriales demanda estabilidad prolongada en la planeación y conducción de departamentos, distritos y municipios.
En el plano teórico son argumentos incontrastables. Y también aquí cabe trasplantar las vivencias de otras latitudes para reforzar la benevolencia de la reelección.
Empero, el contexto colombiano invita a pensar en contra de la teoría. La elección de gobernadores y alcaldes, por lo menos en la costa caribe, ha pasado de ser –en muchos casos- un ejercicio democrático para convertirse en una justa negocial. Y, para colmo, algunos alcaldes y gobernadores, que parecieron elegidos en marcos razonables de ética y sin influjo aparente de intereses repudiables, frustraron los anhelos populares por sus pobres desempeños. Así, no creo que Cartagena haya tenido un alcalde de elección popular que suscite sincero deseo del pueblo por mantenerlo en el poder.
Si sumamos que los recursos generados por las leyes sobre competencias territoriales, regalías y la soberanía tributaria dispararon la codicia, la reelección de mandatarios regionales puede ser una verdadera calamidad moral y económica para muchas regiones.
Imaginemos por un instante a un alcalde, junto con su equipo de aportantes y de compradores de cargos y contratos, bregando desde el primer día del período para no perder el tesoro conquistado. Imaginemos el manejo burocrático en plan reeleccionista.
Reelección de alcaldes y gobernadores, hoy, es –a mi juicio- poner en subasta a departamentos, distritos y municipios. ¿Por qué no consultar al pueblo o dejar este tema para una constituyente?

*Abogado – Docente Universidad del Sinú - Cartagena h.hernandez@hernandezypereira.com