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Primero, la vía de solución

Hay  varias iniciativas sobre el tapete para encontrar una solución al problema pendiente de la tragedia del Palacio de Justicia.

La última, apadrinada aparentemente por el ex presidente Uribe y dada a conocer por el senador Vélez, en entrevista reciente a uno de los medios de comunicación, consistiría en una reforma constitucional que permitiría extender las gracias del indulto o de la amnistía  (de la cual disfrutan quienes asaltaron el edificio de la justicia), a los militares involucrados en la defensa –con excesos- del Palacio. 

Habrá que partir de la base de que los hechos ocurridos, como lo señalara el hijo de una de las víctimas, el jurista Yezid Reyes, en una declaración suya, no pueden calificarse de “lesa humanidad“, para contradecir las apreciaciones del Tribunal de Bogotá que les da esa connotación a las desapariciones que ocurrieron dentro episodio penoso que conmovió al mundo.

El periodista y jurista Rafael Nieto Loaiza, por su parte, en su columna de El País, de Cali, precisa el concepto (que comparto), con citas pertinentes del Tratado de Roma, de que sólo tienen carácter de delitos de lesa humanidad las desapariciones que ocurren en los casos y circunstancias allí previstas, esto es, como parte de una ataque generalizado o sistemático contra la población civil. Esa condición no se cumple en el caso del Palacio de Justicia, y de ahí que no se pueda solicitar, con fundamento en una apreciación equivocada, la intervención de la Corte Penal Internacional, como lo planteara el Tribunal de Bogotá, para que la mencionada Corte pueda juzgar eventualmente al ex presidente Betancur.

También, para pensar en una solución, habrá que tener en cuenta que la reconstrucción de la verdad histórica de los hechos ha quedado registrada, no solamente en pronunciamientos judiciales sino en el Informe Final de la Comisión de la Verdad sobre los hechos  del Palacio de Justicia, investigación exhaustiva que por la respetabilidad de sus integrantes, los ilustres magistrados Jorge Aníbal Gallego, José Roberto Herrera y Nilson  Pinilla, merece total credibilidad; por lo cual, no podrá hablarse de que se haya tendido un manto de olvido sobre la tragedia. Pero, como lo dice la misma Comisión de la Verdad, no se excluye que se otorgue el perdón de los involucrados, en una solución de punto final.

Por nuestra parte, ya planteamos en artículo anterior que se incorpore al pueblo en la solución, por la vía institucional de la consulta nacional popular, prevista en al artículo 104 de la Constitución Política, o por la vía del referendo, si se quiere hacer participar al binomio Congreso-Pueblo.

El gobierno, los legisladores y aún quienes escribimos columnas de opinión, debemos contribuir a que la amnistía y/o el indulto, se otorgue a los militares involucrados en la tragedia, así el coronel Plazas Vega lo rechace, en actitud respetable pero no exenta de soberbia. Por encima, están los intereses del país que no considera justo que sólo el M19 se haya hecho acreedor a la gracia del perdón.

Pero acordemos antes y, como punto de partida, la vía que debe escogerse para hacerlo posible.



*Ex congresista, ex ministro, ex embajador.



edmundolopezg@hotmail.com

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