“Soy la persona más discriminada de Colombia”, dijo el procurador general Alejandro Ordóñez en estos días. En un país machista, racista, clasista, homofóbico y violento, la frase resultó ser bastante exagerada. Pero todos entendimos a qué se refería: a las críticas que llueven sobre él por ser católico y no creer en el aborto, la eutanasia, el matrimonio gay y otras prácticas que contradicen su conciencia.
Obedecer la conciencia es el primer mandato de la ética, y en eso el Procurador tiene razón. Aún más: el hecho de ser católico –o masón, o budista, o ateo– no le quita (ni le pone) méritos a nadie para ocupar puestos públicos. Los “progresistas” que censuran a Ordóñez por sus creencias en realidad son los retardatarios.
Entre las creencias del ciudadano Ordóñez hay una sola que lo inhabilita para ser Procurador: es su tesis, basada en San Agustín, de que “la ley injusta no es ley”, o sea que debemos violar la ley injusta. Es lo mismo que piensan (o pensaban) las Farc o los mormones, es una incitación claramente abierta a la subversión, y es la única creencia que no cabe en una democracia pluralista.
Con todo y eso, en 2008 Ordóñez fue elegido para el cargo. Y desde ese momento él va entrando en una zona gris que se acentúa: interpretar la Constitución desde la moral católica. Todas las normas son susceptibles de interpretación, pero un funcionario no puede hacerlo a la luz de un código moral que excluye o contradice los códigos morales de otros grupos. Y es porque nadie tiene derecho a imponer su conciencia sobre la del otro.
Digo que el gris se acentuó porque las interpretaciones del Procurador contradecían las más autorizadas de la Corte Constitucional: no sólo en los conceptos previos a los fallos (lo cual es natural) sino en sus críticas abiertas a decisiones de este tribunal (lo cual es indebido), e incluso en negativas a cumplir sus sentencias (lo cual es ilegal). Por todo eso Ordóñez está legalmente impedido para la reelección.
También está impedido moralmente: mintió a sabiendas sobre la “píldora del día siguiente”, la objeción de conciencia y la supuesta “campaña” de la Corte para promover los abortos en Colombia. Por lógica, sino por ética, el Procurador que sancionó a gerentes, alcaldes y diputados por incluir información falsa en documentos públicos, debería auto-destituirse.
Está además impedido políticamente: no puede ser que los congresistas cuya conducta supuestamente ha venido vigilando durante estos años tormentosos, voten a su favor o en su contra para que siga vigilándolos.
Pero en Colombia no hay política sino pequeña política.
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