A propósito de contratación pública

Después del escándalo del “carrusel de la contratación” ligado a los señores Nule, los ciudadanos debemos estar alertas y evitar que, después de lo mal actuado, el único recurso sea el asombro.
En Cartagena se adelanta la licitación para otorgar en concesión el diseño, operación y explotación del sistema de recaudo y suministro de gestión y control de la operación del sistema de transporte masivo de la ciudad de Cartagena. Es la licitación TC-LPN-005-2010 abierta por Transcaribe, una sociedad anónima cuya propiedad íntegra corresponde al Distrito de Cartagena.
Ha existido transparencia en el proceso y en la página de internet puede encontrarse información completa sobre su desarrollo. Por lo allí consultado y lo escuchado a personas bien enteradas, me atrevo a opinar.
Se han producido decisiones claras en torno a la descalificación de algunos proponentes y al puntaje asignado a otros. Se han dado debates amplios, a veces sin compostura y buenas maneras, y se han brindado espacios para controvertir los puntajes asignados. El trámite ha culminado y mañana debe adoptarse una decisión.
Me llama mucho la atención la intervención de la Procuraduría. Su oficio de 16 de marzo de 2011 dirigido a Transcaribe despierta severas dudas sobre la imparcialidad de su injerencia por el momento y las circunstancias en que ocurre. Cuando lo leí no pude menos de ver a la Procuraduría con uniforme de proponente. En su primera parte busca socavar el proceso licitatorio volviendo sobre el tema del modelo financiero, ya revisado y ratificado, y en la segunda pide abiertamente que la inconformidad del proponente Valorcón S.A. sea resuelta por Transcaribe, como si ya no lo hubiera sido en las instancias previstas por la ley.
En un ambiente corrupto, los entes de control no pueden considerarse exentos del mal. Máxime si a sus cargos importantes se suele llegar por influencia política. Prueba palmaria es que bajo su alero protector se han cometido en Bolívar y Cartagena, para no hablar del resto del país, toda clase de tropelías contra el fisco. Si nos atenemos a la Procuraduría y a la Fiscalía somos el paraíso de la virtud. Si no ¿cuántos condenados por actos deshonestos contra el tesoro público o cuántos inhabilitados para el ejercicio de funciones públicas?
Entonces, si hay apoyo para omitir sanción, también puede haberlo para influir en procesos licitatorios e intimidar funcionarios para que decidan en uno u otro sentido, o, para señalarle derroteros anticipando así la impunidad disciplinaria por una mala decisión. Por eso sospecho que la Procuraduría no esté obrando por el simple interés general.
Si Transcaribe elaboró unos pliegos con respaldo en estudios serios y adelantó una recta valoración de las propuestas tiene que concluir el proceso que, de seguro, suscitará debates porque a nadie le gusta perder. Menos a quienes compiten apoyados en la sombra por personalidades políticas y jurídicas con influencia en los centros de poder.
La intervención de la Procuraduría huele mal. Pareciera dirigida a favorecer a algunos oferentes, con la advertencia intimidatoria de su poder disciplinario.
Como todavía la ley no le otorga a la Procuraduría el privilegio de ser la única que adjudique contratos, Transcaribe debe hacerlo con independencia, con apego a la ley y sin intimidaciones.