La propuesta del Gobierno de Reforma a la Educación Superior generó muchas reacciones nacionales, desde considerarla como “necesaria y conveniente”, hasta descalificarla como “maniobra fraudulenta para acabar con las universidades públicas”.
Aunque el debate está abierto, con el anuncio del Gobierno de atender los argumentos de los diferentes sectores implicados, las protestas en algunas ciudades del país degeneraron en disturbios que sólo sirven a quienes buscan deslegitimar la movilización popular.
La comunidad universitaria tiene derecho a la movilización como forma de expresión o de rechazo a eventuales inconsistencias o intenciones oscuras, pero no puede permitir que la discusión se desvié hacia manifestaciones anacrónicas de violencia, cuyo impacto sólo contribuye al desconocimiento oficial de sus argumentos.
Los directivos, docentes, trabajadores y estudiantes de las universidades son considerados por la sociedad como pensantes, con la capacidad suficiente de hacer prevalecer la intelectualidad sobre la fuerza. El país espera que sus análisis y presentación de alternativas sean mucho más contundentes que las arengas o pedreas.
Para el próximo jueves está convocada una jornada nacional de protesta y la comunidad universitaria ha sido llamada para rechazar la reforma. Suele ocurrir que muchos de quienes asisten a las manifestaciones desconocen sus motivaciones. Como parte de los preparativos, los marchantes futuros deberían estudiar los puntos de la reforma y evaluar sin apasionamientos las posiciones a favor y en contra, para luego asumir la propia.
Si la opción es de rechazo, no solo corresponderá asistir a la marcha, sino participar en estrategias y acciones múltiples para ilustrar al mayor número posible de personas, sobre la inconveniencia de tal reforma, pero también se debe estar vigilante para que al amparo de tal actitud, no se escondan otros sectores, que con propósitos desestabilizadores o de oportunismo político, busquen los disturbios como objetivo final de la jornada.
Paralelo a las manifestaciones que alternarán este debate en los próximos días o meses, sería saludable conocer la realización de deliberaciones de los rectores de universidades públicas, en los que se sienten posiciones fundamentadas sobre la reforma (ya el Rector de la Universidad Nacional la calificó como “insuficiente”); más foros y jornadas académicas en las que además de validar la oposición de la comunidad universitaria, surjan nuevas propuestas y alternativas. Decir no, no basta para definir el futuro de la educación pública.
Adicional a ese debate, la Universidad de Cartagena debe asumir otro que le afecta de manera más directa, por la propuesta de venta al mejor postor de sus sedes en el Centro Histórico. Algunas voces se han levantado con vehemencia para rechazarla y a ellas me sumo, con la convicción de que la razón prevalecerá sobre la “lógica” empresarial que originó tal iniciativa.
En este caso, como la controvertida Reforma a la Educación Superior, es necesario apelar al sentido de pertenencia y a la convicción de que para defender la universidad pública, hay que estar dispuestos a todo, sin que ello implique la violencia.
*Trabajador Social y Periodista, docente universitario, asesor en comunicaciones.
germandanilo@hotmail.com
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