Estábamos en deuda resaltar la excelente y titánica gestión de la Fundación montemariana, que lidera el padre Rafael Castillo, en defensa de los desposeídos, lo que motivó una visita el año anterior de los columnistas de este diario.
Los Montes de María han sido azotados a través de los años no solo por la violencia de los grupos armados ilegales y la fuerza pública, sino por la roya de los clanes políticos, que crean miseria y el atraso, imponen concejales, alcaldes y gobernadores, en medio de políticas de gobiernos neoliberales favorecen al capital transnacional, a nombre de la inversión social.
Aún hay desplazamiento de campesinos por las compras masivas de tierra en esta región. Hay que verificar si el desplazamiento es por compras de tierras a precios irrisorios, si el Estado es el verdadero redentor de los campesinos al presentar al Congreso la ley de víctimas y restitución de tierras. ¿Quiénes son compradores de buena fe y quiénes ejercen la ley del más fuerte para despojarlos?
El Estado, constitucionalmente, permite el libre mercado, en el cual la compra y venta de objetos, cualquiera que sean es permitido, incluso si se trata de un bien preciado, como la tierra.
Son muchas las razones para señalar que el mismo Estado ha sido responsable de lo que sucede. La primera es que no les ha dado oportunidades reales a los campesinos para que subsistan en estas tierras, no dio las herramientas para trabajar, los abandonó a su suerte a pesar de saber que actores de violencia, entre otros las AUC, siguen en la región.
La segunda es aún más grave: venden las carteras morosas de estos campesinos a entidades privadas, las cuales tienen como único objetivo el recaudo y la recuperación de lo que el Estado les vendió.
El redentor de esta zona no es el Estado, ya que si hubiera pensado en los campesinos no tendría por qué haber vendido las carteras morosas de estas humildes personas y los hubiera dotado de herramientas para trabajar la tierra.
No tratamos de degradar a todos los inversionistas en esta zona del país, ya que si bien es cierto que algunos comerciantes han mostrado un comportamiento indecoroso con los campesinos, obligándolos a vender sus tierras, hay otras organizaciones legalmente constituidas a las que el Estado les permitió comprar tierras, como lo han hecho algunos accionistas de Colanta.
Pero no deben olvidarse los socios de estas empresas que tienen capital transnacional y nuestro servidores públicos, que existe una CP, un Estado social de derecho, que obligan, como lo manda la ley, a la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y que esto lo deben demostrar con hechos tendientes al fortalecimiento social, respeto por los DDHH y el DIH, que no se ve ni se siente.
Sugerimos seguridad jurídica en los procesos que se llevaron a cabalidad, y se debe concertar con los compradores de buena fe. Y de igual forma, que la Justicia sea implacable con quienes cometieron irregularidades en los procesos de compras y ventas masivas de tierras y se castigue a los culpables, no sin antes juzgar a los funcionarios que a nombre del Estado son culpables por acción u omisión en estos graves hechos, además de revisar las políticas equivocadas y presentar al Congreso una verdadera reforma agraria.
*CUT BOLÍVAR
cutbolivar@gmail.com
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