Está cogiendo fuerza el concepto de que los gobernantes no tienen responsabilidad legal por los actos de gobierno, que a ellos sólo les corresponde lo que llaman “responsabilidad política”, o sea, ninguna.
Es un concepto nuevo que viajó raudo de la capital a la periferia, y que protege a quien fue elegido popularmente (con poder suficiente para poner y quitar a su antojo subalternos desobedientes o incómodos) de las consecuencias de las malas decisiones y el mal gobierno.
El elegido es quien manda -a menos que se entregue a otros- y quien debe responder. El ciudadano no acepta que el gobernante sea algo así como un jefe de prensa, un relacionista público, o una estrella de cine, que no hace más que comunicar lo que hacen o idean otros, asistir a reuniones sociales, y coger radio, prensa y TV, para satisfacer el ego, pero no responde por nada. No, el gobernante debe ser el más capaz, comprometido y competente, y el más proactivo del equipo de gobierno.
Pasó que posiblemente obedeciendo órdenes, el director de Valorización realizó un cobro para realizar obras de infraestructura (muchas al tiempo), sin la debida socialización, y de la manera más informal que uno pueda imaginar (una carta ambigua, no una factura). La ciudadanía reaccionó y el cobro se cayó: la Alcaldesa lo derogó como si hubiera sido una “pilatuna” de uno de sus funcionarios, y no una propia metida de patas.
Los secretarios de gobiernos y directores de departamentos, no son ruedas sueltas como nos hacen creer; están engranados a la maquinaria que controla el gobernante, y hasta les toca a veces, para conservar el puesto y los ingresos, hacer cosas con las que no están de acuerdo.
No obstante no hay que llamarse a engaños. La reversada, no parece más que un cambio de estrategia para lograr lo mismo. Las obras en su mayoría (no todas) son necesarias, pero esta administración agotó ya su largo periodo, en el que paró la solución de Bazurto, y enterró más de 100 mil millones de pesos en sobre costos de una solución vial relativamente sencilla, económica y fácil de realizar, si se hubiera dejado guiar por el sentido común, o por las voces de los ciudadanos: así se inhabilitó para estas “mega” decisiones.
No es posible que los asesores del DAVD –reclama William Murra, integrante del consejo gremial- sean los mismos que llevaron al IDU de Bogotá a la catástrofe que hoy tiene alarmado al país con los desaciertos en los riegues y elaboración de presupuestos chimbos. Exijo -continúa- que se tenga la ingeniería de detalles de cada una para conocer sus valores reales. Eso de dejar el 75% sin financiación sólo para abrir licitaciones y entregar anticipos es no aprender de la lección que nos ha dejado el caso Bogota.
La próxima administración, que tenemos que saber elegir, tendrá que estructurar muy bien los proyectos, socializarlos (vendérnoslos a todos los contribuyentes) antes de cobrarlos; y buscar de manera osada y creativa, los recursos de financiación: por ejemplo, créditos blandos con plazos largos; aportes de la nación; y participación del capital privado mediante el esquema de concesiones, entre otros, porque el bolsillo de los cartageneros bastante tiene con la costosa carga burocrática y social que le toca alimentar.
*Ing. Electrónico, MBA, pensionado Electricaribe
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