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Reforma judicial en Colombia

La administración de justicia es la concepción que en cada tiempo y devenir cultural se tiene acerca del bien común. En un Estado democrático se expresa como la organización que pretende castigar los delitos, dirimir las diferencias de los particulares entre sí, y de estos con el propio Estado, de conformidad con la Ley en forma eficiente, accesible, oportuna y eficaz. Hay un servicio público esencial, desconcentrado en sus funciones y con las divisiones que su misión exige.

La administración de justicia es una función pública a cargo del Estado, para hacer realidad, derechos, obligaciones, garantías y libertades, para alcanzar la cohesión y convivencia social.
Es evidente la ausencia de políticas públicas y programas de desarrollo del recurso humano, ya que sin enarbolar banderas sindicales, el régimen laboral y salarial no corresponden a un diseñó técnico, ni a la responsabilidad que implica. Todo lo anterior, acompañado del incremento en el atraso judicial y por tanto, del aumento de pérdida de credibilidad en el sistema, la congestión en los despachos judiciales, la falta de personal, la distribución territorial inadecuada de los juzgados y de las competencias, el bajo rendimiento y el deterioro en la calidad del servicio; y actualización de la información sobre la actividad judicial.
Si la justicia no es pronta, deja de serla. Existen otras razones para negarse a sí misma, pero hay que detenerse sobre la congestión de los estrados judiciales que produce desazón entre los usuarios. Para alcanzar esa descongestión se han aprobado diversas normas: la Ley 446 de 1998; Ley 23 de 1991; Decreto 2651 de 1991; Ley 640 de 2001; Ley 954 de 2005; y 1395 de 2010, entre otras, y en discusión legislativa, varias. Mientras se lleva a la realidad el Código único de procedimiento oral, basado en una o dos audiencias, se supone que los jueces pueden contribuir de forma eficiente a remover dos de las principales causas de la congestión de la justicia: atenuar los abusos del ritualismo e incidir en la actitud procesal de las partes.
Para coadyuvar en la descongestión, que asuma el juez de verdad la dirección del proceso en dos fases complejas: en la etapa de la admisión de la demanda, verificando los presupuestos procesales; y después, con la aplicación de buenas prácticas en el proceso, con el fin de reducir y agilizar el período probatorio.
Es necesario establecer una justicia oral, pronta y eficaz, que permita que la democracia aparezca desde el acceso a la administración de justicia y provea una justicia oportuna y de mayor calidad. Hay que impulsar la creación de procedimientos expeditos que garanticen el derecho fundamental de acceso a la justicia, acercar y simplificar la justicia para el ciudadano en general, y que éste reciba una justicia pronta y efectiva.
Además de lo anteriormente comentado, se debe reducir el tiempo de duración de los procesos, lo cual contribuirá a la reducción de la carga procesal de los despachos judiciales. La discusión sustancial sobre la reforma a la administración de justicia va más allá del asunto procesal.

*Abogado, Docente de la Corporación Universitaria Rafael Núñez

moradalsur50@yahoo.es

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Comentarios

tiene razon el profesor el

tiene razon el profesor el sistema laboral es un desastre en este pais una demanda ordinaria demora de 7 a 9 años y cuando se recurre a la tutela folcloricamente el juez dice que hay otras vias como la ordinaria para hacer valer los derechos da risa, un ciudadano que este en un estado de indefension que el mismo estado le viola sus derechos, recurre a una tutela para resarcir lo que considera violado. y lo mandan a la via ordinaria o sea esperar 7 años contando con suerte. que clase de justicia se administra aqui..