El Gobierno y las altas Cortes se reunieron para llegar a un consenso sobre lo que debe ser el proyecto de reforma a la Justicia. No se pusieron de acuerdo sobre el texto de la reforma, razón por la cual el Gobierno anunció que presentará el proyecto el próximo 20 de julio para que sea el Congreso el que defina los aspectos que deben modificarse.
Hay dos factores que han dificultado el entendimiento: en primer lugar, las Cortes temen que la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura debilite la autonomía judicial. Considero que aun cuando la Judicatura tiene logros que mostrar, la independencia de la Justicia no estaría amenazada si ese órgano –como lo propone el Gobierno- es reemplazado por una entidad compuesta por los presidentes de las altas Cortes y un gerente encargado de administrar la rama judicial. Ese esquema no plantea injerencia del Ejecutivo en la ejecución y administración del presupuesto de la Justicia, pero habrá que sopesar qué es lo mejor para cumplir con ese propósito.
En segundo lugar, a las Cortes les preocupa que la estructuración de una doble instancia para los parlamentarios le sirva de pretexto al Congreso para crear tribunales especiales, que se encargarían de juzgar a los funcionarios aforados (congresistas, magistrados de altas cortes, etc.). Tienen la prevención de que el Congreso -en una actitud revanchista por las investigaciones de la parapolítica- aproveche la reforma para quitarle a la Corte Suprema la función de juzgar penalmente a los congresistas, y al Consejo de Estado el conocimiento de los procesos de pérdida de investidura contra los parlamentarios. Estimo que el Congreso no debe utilizar la reforma para regresar a un régimen de inmunidad parlamentaria, sino asumir una actitud erguida que propenda por solucionar los problemas de la Justicia
Por ahora, la propuesta de reforma se ha concentrado en la supresión de organismos o en la modificación de algunas competencias constitucionales de las Cortes: eliminación del Consejo Superior, reglamentación de la tutela contra sentencias, doble instancia para el juzgamiento de congresistas, ampliación de período y aumento de edad de retiro forzoso de los magistrados, y la obligatoriedad de que las reglas contenidas en decisiones judiciales se apliquen a casos idénticos.
Esos temas ameritan reforma, pero es innegable que el contenido de la propuesta no tiene la potencialidad de lograr una justicia rápida y eficiente. Es por eso que también se requiere la aprobación pronta del Código General del Proceso, para que así quede implementada la oralidad en todos nuestros procesos, en los cuales las pruebas se practicarían en audiencia, con elementos técnicos que permitan la transparencia y celeridad, emitiendo el juez la sentencia ahí mismo, delante de las partes en conflicto, en juicios que no deben superar un año. Una justicia más ágil y rápida es en últimas lo que le interesa al ciudadano del común.
Tampoco se ha escuchado ninguna propuesta para elevar la calidad y eficiencia del recurso humano de la Justicia. Colombia necesita seguir capacitando a sus jueces y magistrados, y exigirles compromiso serio con la pronta y correcta administración de Justicia, en armonía con una remuneración justa.
*Abogado y Filósofo
tiradojorge@hotmail.com
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