Un gran escándalo ha suscitado en todo el país y en las diferentes capas sociales, la aprobación de la reforma a la Justicia, de la cual se responsabiliza a los conciliadores del Congreso de la Republica encargados de revisar el proyecto de reforma que habían aprobado, pero es evidente que estamos frente a un verdadero concierto para delinquir cometido por los principales representantes de las ramas del poder público: el presidente de la República y la rama Judicial a través de los magistrados de las Altas Cortes.
Con leer la reforma está claro que estamos frente a un ponqué del que cada quien intento conseguir su tajada y así llenarse la boca y quedarse callado, por ser mala educación hablar con la boca llena. Se pretendía la impunidad de miles de delitos de miembros de los partidos políticos del acuerdo nacional, entre ellos altos funcionarios: ministros, embajadores, exdirectores del DAS, entre otros, en distintas cárceles del país. Sus abogados, sin entrar en vigencia la reforma, ya solicitaban la libertad de los delincuentes de cuello blanco. Además, los magistrados aprovecharon para extender su periodo de nueve años a doce. Estamos frente a una gran unidad nacional para delinquir.
Desde la presidencia de la República hasta cada uno de los miembros del Congreso que aprobaron la reforma y los magistrados de las altas cortes conocían el esperpento de reforma, solo que se pretendía que el pueblo no la conociera sino después que se produjera su promulgación, como lo suelen hacer con las diferentes leyes que expide este órgano legislativo, lo cual no le funciono y ahora cada uno intenta evadir su responsabilidad.
La administración de justicia padece de muchas dificultades para su funcionamiento y es el verdadero sentir de una reforma intentar solucionarlos, lo cual no fue así, ya que bajo este argumento se inició tal proyecto en el Congreso, pero finalmente la corrupción, el clientelismo, y demás prácticas indecentes predominaron.
Creemos y estamos convencidos de que el pueblo debe condenar políticamente a cada uno de los distintos congresistas que participaron delinquiendo con la elaboración y aprobación de dicha reforma judicial en honor a la impunidad, componendas y beneficios procesales para no ser juzgados y mucho menos condenados, esta condena se debe realizar a través del referendo derogatorio con el cual se les mostrará a los roedores legislativos que no estamos de acuerdo con este tipo de prácticas que chocan con la ética, la moral y la justicia.
Son muchos los intereses politiqueros que tiene la aprobada reforma a la justicia. No solo debe archivarse –como se archivó ayer- sino cuidar de que no la revivan y aprueben en cualquier momento de manera silenciosa. Hay que evitarlo a través de la propuesta de un referendo como rechazo al cinismo del presidente y sus ministros, congresistas y magistrados, que se quieren mostrar ahora como víctimas de la reforma.
Con referendos derogatorios debemos responder cada vez que el Congreso y el Gobierno impongan reformas de leyes y actos legislativos que atenten contra los intereses y derechos adquiridos de los trabajadores y del pueblo, como las nefastas leyes 50/90, 100/93, 789/02, los actos legislativos 01 de /98, de/02, /05, entre otros, organizándonos para rescatar la dignidad humana de los trabajadores, los pensionados y el pueblo en general.
*CUT BOLÍVAR
subdirectivacutbolivar@gmail.com
Columna
Reforma para delinquir
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