Calladamente avanza hacia debates finales en el Senado la Regla Fiscal, que más parece una conferencia ginecológica que una reforma a la Constitución. Su tránsito ha sido opacado por leyes más vistosas quizá porque el enigmático título de su articulado carece de glamour. Le dispara, sin embargo, al corazón de la Carta de 1991.
La Constitución del 25% -porcentaje de los colombianos habilitados para votar que eligió Constituyentes- nació soñando con incorporar insurgentes a la vida civil. Deseada, además, por nostálgicos que aun no se reconciliaban con la Regeneración, derogó una Constitución centenaria con el lema de una patria incluyente, sobre todo para los abogados. Se multiplicaron las Cortes de alto turmequé y, como nunca antes, los enredos jurídicos, las interpretaciones, la litigación.
En el trasfondo de los estrados están los derechos individuales. Con la Carta de 1991 proliferaron los inalienables. La nueva Constitución se engolosinó con los derechos del ciudadano y se quedó corta con sus deberes. Olvidó un derecho, más colectivo que individual y que, por lo mismo, debe primar: cuadrar las cuentas: el Estado velará por lo de cada quien siempre y cuando haya con qué. La omisión está a punto de ser subsanada.
Sistemáticamente, los magistrados, interpretando la letra y el espíritu de la Constitución, prefieren atender derechos individuales, a veces con extensión a lo colectivo. No es de su incumbencia, puesto que no lo estipula la Carta, como se financia su atención. Una de las consecuencias de la laxitud judicial es el hueco negro de la salud pública. Su abismo se confunde ahora con la corrupción, pero es anterior a ella, y corolario de la olímpica indiferencia para tener en cuenta de dónde salen los recursos. O como expresó alguna vez en privado un alto magistrado, eminente jurista por demás: “plata siempre hay”.
El de don Sancho Jimeno era un derecho fundamental olvidado: el honor. En 1697, se batió en Bocachica contra piratas franceses empeñados en mancillarlo. Los jueces amparaban el honor hasta exonerar hechos de sangre, si bien es esa época se distinguían más por su venalidad que por el apego a los códigos. Ahora, en cambio, la rama judicial del poder público es transparente manifestación del Estado, lo que amplifica las repercusiones cuando cae en la demencia económica.
El pecado judicial contra el equilibrio presupuestal amalgamó asistencialismo con la vigencia de derechos constitucionales. Fallar sin hacer los cálculos es fácil y popular. Y como en Colombia, la ley, por fortuna, es sacrosanta, desbordarse con la plata de todos, vía fallos sin tasar, no tiene contra. ¡Qué se las arregle el ministro de turno! La Regla Fiscal le pondría coto a los excesos, sin coartar los derechos sociales cobijados por la Constitución. Añade a la Carta un derecho desatendido: tener una economía sana para prosperar, que comienza por la mesura en las finanzas públicas.
Mientras el país crece y encuentra la plata para dar gusto a todos en todo, hay que atenuar la piñata de los derechos. Su reconocimiento pleno requiere escalonamientos. Sería recomendable que los honorables miembros de la Corte Constitucional se declaren impedidos para fallar sobre la reforma en curso cuando la demanden, como inmancablemente sucederá. La Regla Fiscal los mete en cintura y a los magistrados eso poco les gusta.
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