La responsabilidad política, uno de esos temas que no pierde vigencia en la discusión pública, sigue siendo (al menos en nuestro país) particularmente deficitaria y a veces algo etérea. Hablar de responsabilidad nos obliga a considerar por lo menos, dos acepciones de la palabra. Desde el punto de vista jurídico, referirse a “responsabilidad” implica que existe alguien a quien podamos exigirle que responda por determinada actuación. Pero también el significado de responsabilidad es aplicable a la rectitud al proceder, de tal manera que hablamos de personas o funcionarios responsables cuando actúan como debe actuarse. En el primer sentido podemos imponer o exigir la responsabilidad, en el otro, sencillamente la asumimos. La responsabilidad política a su vez, tiene dos caras: una cara intersubjetiva, que es la obligación del representante frente a sus electores o nominadores por sus actos como tal; y otra cara funcional, en cuanto se supone que quien acepta postularse para un cargo está en condiciones de ofrecer un nivel de prestación adecuado en eficiencia y capacidad; es decir, una conducta "responsable”. El concepto de responsabilidad incluye desde el Estado como ente jurídico, hasta a sus funcionarios, quienes al asumir sus cargos asumen también una responsabilidad política proporcional a la importancia de su cargo. La responsabilidad jurídica es, tal vez por lo apremiante de sus implicaciones, la que en la mayoría de los casos los funcionarios públicos cuidan y defienden en el ejercicio de sus funciones, olvidando que la responsabilidad política es la manera de rendir cuentas a instancias superiores y a la sociedad en general, para demostrar que su desempeño ha sido ajustado a la ley. Asumir responsabilidad política implica el deber moral de renuncia en caso de errores, sumado a posibles consecuencias en una futura carrera política. La ausencia de mecanismos que garanticen un ejercicio adecuado de control político nos da la sensación de falta de interés en masificar esta importante herramienta y esperar que sean solo las instancias judiciales donde, ante probables faltas, se decida castigar o exonerar a estos funcionarios, quienes pueden incurrir en faltas no necesariamente ilegales, como falta de capacidad o gestión, pero que igualmente arriesgan el patrimonio público. En Colombia nos la pasamos hablando y escribiendo de responsabilidad política, pero la realidad nos muestra que no la conocemos, o tal vez deliberadamente la ignoramos. Nada diferente a esto explica que funcionarios y líderes cometan “errores” comprobados, que en la mayoría de los casos van más allá de esta cándida denominación y tiempo después -a veces no tanto- sean premiados con cargos importantes o los veamos aspirando a cargos de elección popular, enviando al mismo tiempo un pésimo mensaje de impunidad a la sociedad local e internacional. Sobra decir que hay casos en los que la responsabilidad política ha sido impuesta en acertadas decisiones de los organismos de control, pero también existen casos de inexplicable exoneración que nos llevan a pensar que la responsabilidad política es inversamente proporcional al respaldo político. *Médico y Politólogo wilmarpolo@hotmail.com *Rotaremos este espacio entre distintos columnistas para dar cabida a una mayor variedad de opiniones.
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