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Revolcón institucional

Con la firma de 84 decretos, el presidente Santos adelantó el más grande revolcón institucional desde los tiempos de Carlos Lleras. Aprobada la reforma, la estructura del Estado es a grandes rasgos la siguiente: ministerios y departamentos administrativos que fijan políticas sectoriales y reglas de juego, y agencias encargadas de ejecutar los programas diseñados por sus superiores y de la gerencia de los temas que les competen.

El Estado colombiano es lento en diagnosticar los problemas y paquidérmico al invertir recursos: lo confirma la demora en la ejecución de los dineros que buscan mitigar los efectos de la lluvia. Por eso, la reforma del Estado no tiene un objetivo fiscal de reducir gastos, sino de aumentar la eficiencia y eficacia en las políticas públicas y en la ejecución del presupuesto.

Con la creación del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social se buscan dos objetivos: (i) sistematizar la política social, para saber qué recibe cada colombiano beneficiario de los programas, ganar eficiencia en la asignación de los recursos, y evitar que una misma persona obtenga subsidios o ayudas provenientes de varios organismos; e (ii)  institucionalizar la política social dándole rango de ministerio, lo que evita presiones en época electoral y garantiza que los programas no desaparezcan con los cambios de gobierno.

Un país que tiene el 12,3% de su población en la pobreza extrema (es decir, más de 5 millones de personas que ganan menos de dos dólares diarios), el 37,2% en la pobreza, alrededor de 4 millones de desplazados internos, el 9,5% de su población desempleada, y un ingreso promedio mensual por persona de $446.502, no puede seguir con programas sociales dispersos promovidos por el presidente de turno.

La creación de la Agencia Nacional de Inteligencia es un paso en la dirección correcta. El DAS venía adelantando funciones de control migratorio, protección de personas en riesgo y funciones de policía judicial, todas ajenas a su naturaleza. La nueva agencia debe limitarse a hacer inteligencia civil para proporcionar información clave al gobierno, útil para tomar decisiones. La creación de la Agencia de Defensa Jurídica es una buena noticia, pues se requiere una estrategia coordinada que impida que el Estado continúe siendo demandado y condenado por sumas millonarias, sin adecuada defensa.

El núcleo de la reforma está en el fortalecimiento de los consejos directivos de las agencias, los cuales estarán conformados por los funcionarios altos de la entidad, y también por personas externas expertas en el área que se regula. Se espera aumentar así el perfil técnico de las instituciones, y alejarlas de las presiones permanentes del clientelismo. El presidente ha dicho que quiere tener ‘banquitos de la república’, esto es, agencias dirigidas por juntas directivas especializadas para la toma de decisiones, y no directores aislados sin capacidad técnica ni autonomía.

El éxito de la reforma depende de que estos organismos rectores estén conformados por personas competentes, capacitadas y honradas, a lo cual los ciudadanos podemos contribuir con un riguroso control social. De lo contrario habremos asistido a otro cambio de nombres, que en nada modifica la sustancia.



*Abogado y Filósofo



tiradojorge@hotmail.com

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Comentarios

Buena columna, en todo

Buena columna, en todo sentido. Y de ser cierta tanta maravilla, Felicidades al Presidente.