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Salario y cambio mínimo

Los resultados de las negociaciones para aumentar el salario mínimo del próximo año muestran un cambio mínimo, pero aun así significativo en la orientación del modelo económico, al menos en la visión del papel del trabajo en el crecimiento económico y la inflación. Se nota que los programas liberales gobiernan.



Poner de acuerdo a trabajadores, empresarios y gobierno en un salario mínimo de $566.700, un aumento del 5,8%, un poco más de dos puntos encima de la inflación, lo reconocen los sindicatos como un avance importante. No tanto en cantidad, pues un aumento de seis o siete mil pesos por encima de lo que ofrecían los empresarios no sacará de la pobreza al 85% de los trabajadores, que ganan menos de dos salarios mínimos mensuales.

Pero el acuerdo tripartito si es un pequeño cambio frente al modelo económico neoliberal de los últimos años y la ruptura de la cáscara del huevito de la “confianza inversionista”, cuyo objetivo era reducir los costos laborales y aumentar las utilidades de los empresarios. En ocho años lo logró. 

El trabajo se miraba como una mercancía cuyo precio (el salario) no podía subir porque disminuía la demanda por trabajadores. Es decir, aumentar el salario generaba desempleo y menor crecimiento. Y se enfatizaba el impacto del salario en el aumento de los costos de producción que los empresarios trasladaban a los precios, presionando la inflación.

Pero el salario, además de ser un costo para las empresas, también determina la capacidad de compra de la gran mayoría de la población y por lo tanto del tamaño del mercado interno. Con mayores salarios, los trabajadores comprarán más; para vender más las empresas tendrán que aumentar su producción y contratar más trabajadores para hacerlo. Por eso los aumentos salariales pueden generar más empleo y crecimiento, como lo demostró la experiencia exitosa de los incrementos salariales que hizo el presidente Lula en Brasil.

Debe refutarse a quienes piensan (todavía los hay) que aumentar el salario mínimo 5,8% es exagerado frente a una inflación promedio del 3,5%. El aumento de precios para los estratos bajos es más alto -el 4,7%- por la disparada de los precios de los alimentos. Por lo tanto el nuevo salario mínimo solo recupera la capacidad de compra de la mayoría de los hogares, lo que impediría frenar la demanda interna, como ocurrió en el 2008.

Para seguir con la ruptura del huevito inversionista, el otro gran reto del gobierno es promover el trabajo decente, mejorando las condiciones laborales al disminuir la informalidad en los contratos de trabajo. Debe derogar la inequitativa reforma laboral de Uribe (la Ley 789/2002), que le quitó ingresos de los trabajadores para dárselos a los empresarios, y empezar a dar ejemplo formalizando a los miles de trabajadores del sector oficial que trabajan por honorarios, contratos de prestación de servicios o vinculados a cooperativas.

En un intento vano de maquillar las cifras de gastos de funcionamiento, el Gobierno central y las entidades territoriales disminuyeron la nómina de empleados con contrato formal, para reemplazarlos por contratistas cuyo pago lo disfrazan como gastos de inversión.

Hay que sincerar las cuentas oficiales, porque esta práctica no solo perjudicó a los trabajadores sino que deterioró la calidad del servicio público por la inestabilidad que genera.


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