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Salud = negocio y corrupción

A partir de la Ley 100 de 1993, la salud se ha deteriorado porque las EPS no tienen como objetivo principal los buenos servicios, sino enriquecerse.

Ya es normal y no es un delito, la falta de atención adecuada y oportuna, los reclamos a las EPS, que presentan prematuros fallecimientos en los llamados “paseos de la muerte y fallecimientos por paseos virtuales”.

No aparecen en la base de datos, son enfermedades de alto costo, congestionados servicios de urgencias donde fallecen los pacientes por la mala atención en la consulta externa.

En Cartagena y los municipios de Bolívar se cuestionan a los órganos de control. A través de financiadores de campañas, alcaldes y gobernadores han convertido la plata de la salud en caja menor y este servicio, en fortín politiquero.

El derecho a la salud es irrenunciable e inalienable y así lo manda la CP, Art- 48 y 49. Cualquier ley para reformar la salud debe garantizar el desarrollo y ejercicio de ese derecho, no limitarlo.

La nueva Ley de la Salud, 1438 de 2011, secuestra la autonomía médica, reformando el concepto de salud como un servicio público y como derecho fundamental por conexidad.

Los Planes Voluntarios de Salud (Art 37), serán contratados y financiados en su totalidad por el afiliado, atención complementaria del POS; planes de medicina prepagada;  y pólizas de seguros.

Incentiva lo privado, desfinancia los hospitales públicos, limita la autonomía médica que le permite disminuir costos y negar de paso la atención a los enfermos.

Los eventuales recursos para salvar hospitales se dirigen a los procesos de disolución y entrega a los operadores privados.

Se generaliza la externalización de servicios, convirtiendo a los hospitales en cascarones, contratantes de servicios médicos misionales, lo que es intermediación laboral, con OPS, CTA, lo cual es un desacato abierto a la sentencia C-614 de 2009.

Acabar la red pública hospitalaria como política de Estado condena a los trabajadores a la intermediación laboral, lo cual incentiva la politiquería, mal servicio y corrupción.

En 18 años la Ley 100/93 logra su principal objetivo: acabar con la seguridad social pública. No hay la EPS ISS, ni la ARP ISS (públicas), pues la Nueva EPS y la ARP Positiva son privadas.

De las 100 empresas más rentables del país, 5 son EPS: $36 billones les ingresaron en 2010, gastaron sólo 22, quedándoles 14, lo cual muestra hay plata para la salud, pero se la lleva la intermediación de las EPS.

Las EPS deben más de $5 billones y tienen a la red pública en riesgo de colapso, al igual que a una cantidad importante de clínicas privadas.

El número de muertes por la corrupción y los negociados con la privatización de la salud equivale a un genocidio cuyos responsables son las EPS, el Gobierno y el Estado colombianos que permiten estas irresponsables entidades legalizadas con leyes de la República.

Trabajadores de la salud, gente de bien, por el derecho a la vida y la dignidad, iniciemos la campaña de derogar la ley 100 y la 1438, destapar las ollas podridas de la salud en nuestra región y ni un voto en octubre de 2011 por los neoliberales y traficantes del derecho a la vida y la seguridad social.

*CUT BOLÍVAR 

cutbolivar@gmail.com

 

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