La guerra es demasiado seria para jugar con ella o con sus nombres. Por eso la discusión entre Santos y Uribe debería comenzar por aclararnos qué entienden ellos por “conflicto interno” y qué por “terroristas” o “bandidos” o como quieran llamar a las guerrillas.
Yo me atengo a la definición oficial de los Convenios de Ginebra que Colombia suscribió y según los cuales son conflictos internos los que “se desarrollen en el territorio de un Estado entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar (el Derecho Internacional Humanitario)”.
Pues bien: es claro que en Colombia existe una confrontación armada entre el Estado y fuerzas insurgentes bajo un mando unificado (“Secretariado” de las Farc), que realizan operaciones militares permanentes y que pueden violar (violan de hecho) el DIH, siendo así que deberían aplicarlo.
El único argumento que Uribe podría invocar en defensa de su tesis sería la duda de si la guerrilla ejerce o no “control” sobre una parte del territorio, porque de hecho no existe ningún lugar de Colombia donde las guerrillas puedan impedir que entren las Fuerzas Armadas. Pero dirían otros que este no es el punto, porque las Farc sí tienen el “control” territorial suficiente para montar operaciones sostenidas y para oprimir a los habitantes del lugar.
Y en todo caso, el argumento de Uribe es muy distinto. A él no le preocupan esos “tecnicismos”, sino las consecuencias de admitir que haya conflicto interno: sería darle legitimidad a la guerrilla, abrir la puerta para que otros Estados la reconozcan como “beligerante” y puedan apoyarla abiertamente.
Pero resulta que los Convenios de Ginebra dicen que la existencia del conflicto interno “no podrá invocarse como justificación para intervenir, directa o indirectamente, sea cual fuere la razón, en el conflicto armado o en los asuntos internos o externos del Estado en cuyo territorio tenga lugar ese conflicto”.
La posición de Uribe no tiene pues nada que ver con el derecho ni con los Tratados que obligan a Colombia. La suya es una tesis puramente pasional, una manera de decirle “NO” a cualquier cosa distinta de mantener la guerra a muerte con las Farc. Por eso lo apoyan muchos colombianos, aunque pocos entiendan qué es un “conflicto interno” o qué no es.
Y sin embargo los Tratados tienen consecuencias muy reales, incluyendo los juicios ante la Corte Penal Internacional. Tanto así que el presidente Santos declaró en estos días que “si decimos que no hay conflicto interno…; el presidente Uribe y quien fue su ministro de Defensa, y los señores comandantes, nos vamos derecho a la cárcel, a la Picota”.
Lo cité textualmente porque con las palabras de la guerra no se juega. Y las palabras del presidente Santos fueron inauditas: él fue el ministro estrella de un gobierno que de manera oficial y reiterada negó el conflicto interno ante la ONU, el ministro encargado de aplicar esa doctrina y cuyo liderazgo de la guerra lo llevó a la Presidencia. Pues ahora nos sale, no sé yo si jugando, con que él y sus compañeros fueron unos delincuentes.
Pero esperemos que ni el Fiscal de la Corte Penal Internacional ni el juez Garzón hayan oído lo que Santos sin querer queriendo dijo en estos días.
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