¿Se agotó el “timing” político?

El fracaso de la reforma a la Justica irá mucho más allá de frenar su modernización. Hay desánimo en las bancadas de la “unidad nacional” porque el Ejecutivo descargó la responsabilidad en el Congreso, a pesar de ser uno de sus proyectos insignes. Es mal presagio para las relaciones entre la Casa de Nariño y el Congreso y para la agenda legislativa que se radicará este 20 de julio, y pésima noticia para blindar la economía y mejorar el manejo fiscal y monetario del país.
Al menos 2 reformas tendrán que cursar: la tributaria y la pensional. Aunque en el Gobierno está primero la Reforma Tributaria, puede esperar, considerando el crecimiento del PIB y el comportamiento del recaudo tributario, que en 2011 llegó al récord de $86,6 billones –14% del PIB– el más alto desde 1970. En cambio, la reforma pensional es inaplazable, a pesar de las medidas impopulares requeridas.
El pago de las mesadas con cargo al Presupuesto Nacional ascendió a 3,3% del PIB en 2011 y podría alcanzar 3,4% en 2012 y 4% entre 2013 y 2016. El total de la deuda pensional es de $450 billones, 76% del PIB entre 2011-2021, con un agravante: algunas interpretaciones judiciales merman los ahorros del sistema y podrían generar sobrecostos fiscales entre 23% y 30% del PIB.
Se necesita frenar este desangre. Entre otras razones, porque el PIB se desacelera, un fenómeno que podría profundizarse, según el impacto de la crisis europea sobre Estados Unidos y China y, por contagio, sobre nuestra economía. El Banco Mundial ya estimó el PIB de esta vigencia a la baja y desde distintas instancias se cuestionan los presupuestos del Marco Fiscal de Mediano Plazo, con caídas de 30% en las cotizaciones del petróleo –locomotora de mayor dinámica– y las secuelas de la revaluación.
Más aún, el Gobierno incrementó el gasto público con algunas de las 76 leyes aprobadas en 2011. Sólo el efecto neto de caja de 20 de ellas –como la Ley de Víctimas, el nuevo POS, las reformas al Código Penal, de Procedimiento Penal y de Infancia y Adolescencia– ascienden a $4 billones estimado para 2011, sin mencionar las deudas no explícitas y los pasivos contingentes, que son 146% del PIB para 2012. Entre ellas, 201 demandas por la ola invernal con pretensiones por $4,3 billones.
Necesitamos blindar la economía y mantener el crecimiento. Los nuevos frentes del gasto público y especialmente el pasivo pensional, restringen el espacio fiscal y las posibilidades para reorientar el gasto hacia sectores que impacten de manera efectiva la generación de empleo, productividad y competitividad del aparato productivo, vitales para enfrentar los TLC y el impulso de las importaciones en contravía de la producción nacional.
Me pregunto si el Gobierno puede aplazar indefinidamente decisiones como la reforma pensional, cuando se cocina un escenario poco favorable en el frente externo y en el interno, crecen las presiones fiscales. Necesitamos carreteras, puertos, distritos de riego, sanidad e inocuidad, adecuaciones tecnológicas y ambientales. Aunque el “timing” político no corre ahora a favor del Gobierno y estamos ad portas de un año preelectoral, es perentorio ajustar las finanzas públicas, generar ahorro y emprender las reformas económicas que verdaderamente exige el país.

*Presidente Ejecutivo de Fedegán

jflafaurie@yahoo.com
@jflafaurie