Desde que Juan Manuel Santos decidió buscar la Presidencia ha querido vincular su gestión política con el concepto de buen gobierno, que hace cada vez más falta. Su compromiso para erradicar la corrupción debería contar con pleno apoyo de la ciudadanía y de la empresa privada. El buen gobierno es indispensable para aumentar la efectividad del sector público en todos los frentes y para conseguir que los servicios del Estado y la eventual prosperidad lleguen hasta los más pobres.
Pero el buen gobierno también debe incorporarse a la cultura empresarial colombiana, aunque no ha sido fácil mover a los empresarios en esta dirección. Muchas empresas son regidas por patriarcas familiares, gestores o fundadores, que tienden a concentrar la autoridad en ellos y a monopolizar información y recursos. Muchos de estos autócratas manejan sus compañías como a su propio bolsillo: tienen empresas que se benefician de los contratos de suministro, y para someter a sus juntas directivas les dan prebendas que riñen con los conceptos de trasparencia y buenas prácticas administrativas que lleva consigo la idea de buen gobierno.
En la mayoría de estos casos hay conflictos de interés que no se resuelven a favor de las empresas, sino de quienes las manejan, con detrimento para accionistas y demás interesados. Esto no solamente es ineficiente sino que crea una cultura de rapiña en las empresas y facilita el mal manejo de los recursos públicos cuando son contratistas del Estado, como es evidente en el caso de contratistas de obras públicas o de empresas del sector salud.
Esta Administración, que predica el buen gobierno y que lo comienza a aplicar en la gestión pública, debería promover esos mismos criterios en el sector privado en general, con atención especial a las empresas que fueron privatizadas y contratan con el Estado o administran bienes púbicos por concesión, o licencias del Gobierno.
Si se hubiera hecho hace veinte años al privatizar varias compañías prestadoras de servicios o se otorgaron licencias y concesiones a grupos privados que han venido a convertirse en nuevas élites empresariales excluyentes, quizá se hubiera evitado la crisis del sector salud. Si las empresas de ese sector, a punto de ser intervenidas, hubieran tenido estrictos controles administrativos, contabilidad moderna, juntas directivas independientes, comités de auditoría, revisores fiscales de primera calidad y autónomos, quizá se hubiera evitado lo que está sucediendo. Si se las hubiera preparado para salir a bolsa y compartir con un público más amplio los beneficios de la privatización, y si no hubieran sido administradas por déspotas, no estarían cientos de miles de usuarios en peligro de perder sus servicios de salud.
Estamos a tiempo, tanto en el ministerio de Transporte como en los de Minas, Agricultura o Comunicaciones y aun en el de Defensa, para que el Gobierno les exija a sus contratistas, a sus concesionarios, a las empresas que regula, o a aquellas en las que participa como socio, que adopten rápidamente las prácticas de gobierno corporativo, de control y equilibrio de poderes dentro de las compañías, y del manejo de conflictos de interés y de la transparencia que se requieren para afiliar a las empresas a la bolsa de valores, con el objetivo de abrir y democratizar pronto a estas compañías.
rhommesr@hotmail.com
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