“Hace rato hay conflicto armado aquí en este país”, dijo el presidente Santos hace unos días. Y el twitter que sabemos reviró de inmediato: “Seguridad democrática: terroristas no reúnen elementos para status de beligerancia: ¿por qué les abren la puerta?”.
Es la continuación de una puja que a casi todo el mundo le parece “semántica” y que en realidad viene a ser la cuestión principal de Colombia: ¿A qué se debe la matadera de gente? ¿De qué manera podremos acabarla?
El gobierno de Uribe tuvo una tesis clara: En Colombia no hay una guerra civil y ni siquiera un conflicto interno; solo tenemos unos terroristas que pretenden destruir la democracia.
Esa tesis fue la clave de la Seguridad Democrática y por eso, para Uribe, se convirtió en una obsesión. Los funcionarios recibieron la instrucción de que en ningún documento se incluyera la palabra “conflicto”; las Embajadas fueron advertidas formalmente; la palabrita se eliminó del Plan de Desarrollo y del Plan 2019-Visión Colombia; en la TV y en los consejos comunitarios no se podía hablar sino de “terroristas”, las ONG fueron censuradas, y hasta Semana despidió a un columnista por haber dicho dos veces que en Colombia sí había conflicto armado.
El problema con la tesis “semántica” de Uribe no es que sea falsa sino, al revés, que es cierta. Cierta pero simplista.
Para empezar es cierto que la guerrilla no tiene legitimidad, ni apoyo popular, ni justificación política. Cierto que practica el terrorismo. Y cierto que tenemos más o menos una democracia. El diagnóstico de Uribe atina en esto.
De tal diagnóstico se siguen tres corolarios importantes. Uno, que no hay diálogo ni negociación posible. Dos, que los choques armados no se rigen por el Derecho Internacional Humanitario. Y tres, que el remedio depende de acciones militares, no de políticas sociales. En efecto:
Terrorismo es lo que hacen grupúsculos radicales (tipo Al Qaeda o ETA) que carecen de fuerza de combate: usan el terror precisamente porque no tienen otra arma. Y la manera obvia de derrotarlos es no ceder al miedo, vale decir, no negociar con ellos.
En cuanto a Colombia, la pieza central del DIH es el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra, sobre “Protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional”. Si aquí no hay “conflicto”, no hay para qué DIH, ni hay para qué aclarar en una Ley de Víctimas de qué fueron víctimas las víctimas (lo que Santos dijo esta semana y que causó la rabieta de Uribe).
Usar programas sociales para dejar sin piso al enemigo implica admitir que existe relación causal entre la lucha armada y los problemas de la gente, o que el “conflicto” sí tiene algún motivo.
Admito que el presidente Uribe trató de ser congruente con su diagnóstico: no subrayó el diálogo, ni lo humanitario, ni las medidas sociales frente a la guerrilla. Pero ninguna de las tres cosas estuvo ausente del todo durante su gobierno.
Espero que cuando Santos dice que hay conflicto armado sea consecuente con su diagnóstico: que explore el diálogo, respete de verdad el DIH y aumente la inversión social.
Pero me siento un poco despistado al recordar que Santos fue el ministro de la Seguridad Democrática poco después de que desde su columna dominical de El Tiempo se sumó al linchamiento moral del columnista aquel que yo les digo. ¡Vueltas que da la vida!
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