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Silla vacía para gobernadores

Ante la gran corrupción y robo de recursos públicos en las entidades territoriales, es necesaria una sanción como la de la “Silla Vacía” a los partidos o movimientos políticos que postularon a los mandatarios destituidos.

La figura de la Silla Vacía en la reforma constitucional del 2009 fue un avance importante contra la penetración de las mafias y los paramilitares en la política. El artículo 134 de la Constitución impide reemplazar a un congresista, diputado o concejal vinculado a un proceso penal por la relación con grupos armados ilegales, por delitos de narcotráfico o de lesa humanidad. También se dispuso que “La sentencia condenatoria producirá como efecto la pérdida definitiva de la curul, para el partido al que pertenezca el miembro de la Corporación Pública”.

Es menos conocido que también se impuso una especie de Silla Vacía para gobernadores y alcaldes, pues según el Art. 107, cuando son condenados por los mismos motivos, los partidos o movimientos que avalaron al candidato “no podrán presentar terna, caso en el cual, el nominador podrá libremente designar el reemplazo”.

En el Congreso la sanción solo ha sido aplicada una vez al partido Cambio Radical por la condena del expresidente del Senado, Javier Cáceres, pero para mandatarios regionales no se ha estrenado.

La norma se quedó corta al limitar la Silla Vacía a pocos delitos, y en la reforma a la Justicia que se tramita se trató sin éxito de ampliarla a todos los delitos de carácter penal de los congresistas. Pero aún esa modificación sería insuficiente, pues no aplicaría para los casos de corrupción sancionados por la Contraloría o la Procuraduría, a veces más graves que el narcotráfico. La revista Semana le atribuye al condenado exsenador Martínez el haber dicho que “es mejor negocio la política que el narcotráfico”, pues “la plata que deja una alcaldía no la deja un embarque”.

En los últimos dos años los entes de control sancionaron a diez mandatarios regionales. Los más recientes son Useche del PIN-MIO en el Valle del Cauca y Cielo Gonzáles, del partido de la U en el Huila, destituidos ambos por mal manejo de contratos con recursos públicos en sus puestos anteriores. Ambos sucedieron a gobernadores de sus mismos partidos también destituidos por la Procuraduría: Juan Carlos Abadía en el Valle y Luis Jorge Sánchez en el Huila, o sea que esos partidos reinciden en el atraco al erario.

El colmo del cinismo de los partidos o movimientos políticos es avalar a candidatos que saben investigados por los entes de control, lograr que sean elegidos y cuando concluyen las investigaciones y son destituidos, querer nominar el reemplazo para seguir controlando los presupuestos regionales.

Cuando un gobernador o alcalde es destituido por corrupción administrativa, el partido o movimiento político que lo avaló debe perder el derecho de presentar la terna para elegir su reemplazo. Es la sanción mínima que se merecen, y habría que ir más allá y prohibirles que postulen candidatos a las siguientes elecciones y, si son reincidentes, cancelarles la personería jurídica. Así lo dispone hoy el artículo 107 de la Constitución, pero solo para los delitos mencionados, de manera que habría que ampliar esa prohibición. Es urgente hacerlo si se quiere depurar la administración pública.

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