No tener ángel en el argot de los que manejan el poder y los recursos públicos, es no poseer las influencias, ni el capital necesario, para que los funcionarios tramiten con diligencia y prontitud las solicitudes de los ciudadanos.
Eso de que todos somos iguales ante la Ley es pura letra muerta; la gente lo sabe: al que tiene ángel se le abren todas las puertas, así sea irrespetando la normatividad vigente; y a quien no lo tiene, se le escarba hasta encontrar la aguja en el pajar que conforman las leyes y normas de este país de leguleyos.
Falta de ángel parece ser el caso del Club Náutico, que por enésima vez es objeto de actuaciones por parte de la autoridad distrital, esta vez contra el proyecto de ampliación y modernización –antes contra el trámite de la licencia- de sus instalaciones terrenas y marítimas, ubicadas sobre la orilla de la bahía de Cartagena en el barrio de Manga.
A través de este y otros medios de comunicación, nos hemos enterado de toda la tramitología que se debe, y se ha adelantado ante el Distrito y la Dimar, para obtener la concesión que ya le fue otorgada al Club: entre ellas está la aprobación de la Alcaldía a través de la secretaria de Planeación. También de los repetidos intentos de impedirlo dificultando e incomodando a quien la solicitó.
El más reciente capítulo que ya completa más de tres años, fue la orden de suspensión de las obras por parte del alcalde de la localidad, que se soporta en dos argumentos: el primero, la falta de la licencia de construcción otorgada por la curaduría; ¿será que la Dimar otorgó la concesión sin saber lo que se iba a construir ahí? Difícil creerlo, entre otras porque se requiere el trámite ante Planeación que dio su conformidad. No obstante, por lo avanzado, y los planos que se conocen, se puede apreciar que embellecerá y valorizará el sector que lo circunda.
Las curadurías no otorgan licencia para construcciones sobre espacio de uso público; y ¿qué puede objetar en sano juicio la Alcaldía si ya permitió los mega colegios en el espacio público de la vía perimetral, frente a la Ciénaga de la Virgen?
Y el segundo, la falta de licencia para ocupar o intervenir temporalmente las playas y zonas de bajamar (sin perjuicio –dice el decreto que se invoca- de las concesiones) cuyo otorgamiento le corresponde, y está concedida por la Dimar.
Ante tanta persecución e incoherencia, el ciudadano se pregunta ¿Qué habrá detrás de todo esto; pasiones o intereses? ¿Actúa la autoridad de manera altruista, o es títere de mezquinos intereses (cuáles) y escarba en la abundante normatividad existente buscando cómo obstruir? ¿De qué se trata, de demoler el club, o de obligarle a su dueña vender a pérdida? Y finalmente ¿quiénes desean comprar?
Si algo está mal es obligación de la autoridad corregir, pero sin dejar la sensación que se usa el poder otorgado “temporalmente” por los electores, para direccionar la Ley contra alguien en especial, simplemente porque no tiene ángel.
Pero si todo está en regla, y simplemente son las últimas pataletas del ahogado en su intento de impedir el desarrollo de la concesión, la parte afectada puede reclamar vía judicial los daños y perjuicios que se le ocasionen, y habrá que pagarlos con recursos públi-cos: nuestros impuestos.
*Ing. Electrónico, MBA, Ex Superintendente (Pensionado) Electricaribe.
movilyances@gmail.com
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