Cuando escuchábamos la voz conmovida del gobernador del departamento de Antioquia, doctor Luis Alfredo Ramos, ante la tragedia que se presentó en el municipio de Bello, y la reflexión que hizo en el sentido de que el Congreso Nacional debía tramitar una ley que señale pautas, incluidas prohibiciones relacionadas con la construcción de viviendas en zonas de alto riesgo -como la del barrio que quedó sepultado por toneladas de tierra desprendidas de la montaña-, pensamos que hechos tan dolorosos ocurrían, en buena parte, por la imprevisión y omisión inexcusable del Estado.
En efecto, las autoridades deben ser providentes en el sentido de no actuar sólo con ocasión de la ocurrencia de un suceso fatal sino antes de que este se presente, cuando el acontecimiento sea previsible, como el del barrio La Gabriela, del mencionado municipio: un asentamiento humano que se fundó en una zona no habitable, y que, pese a ello, el Gobierno municipal permitió y estimuló, llevándole servicios públicos, como lo observara el gobernador, Luis Alfredo Ramos, en lugar de haber planeado su reubicación, oportunamente.
Como lo han advertido las autoridades, más de 1.000 familias deben salir lo antes posible de esa zona de desastre, pues calificarla a estas horas solamente como de “alto riesgo” sería un eufemismo. Con todo, cabe preguntar si las agencias del Estado, y particularmente la Oficina de Atención de Desastres, adscrita a la Presidencia de la República, están preparadas para afrontar esa clase de tragedias.
Habrá que examinar el asunto a fondo, dada su complejidad. ¿Acaso se dispone de una información al día de los sitios donde pueden presentarse esos desastres, y sobre esta base planear soluciones distintas a invitar a la gente sobreviviente a que abandone los lugares donde ocurrieron los hechos dolorosos?
En verdad, creemos que no existen esos recursos, razón por la cual habría que crear una estructura de financiación nueva –y eso se puede contemplar en la ley en que ha pensado el Gobernador de Antioquia, doctor Luis Alfredo Ramos-, en la cual participen la Nación, los departamentos, los municipios y las corporaciones de desarrollo regionales, y a través de la cual también se puedan canalizar apoyos económicos internacionales de carácter humanitario, para evitar que ocurran tragedias anunciadas, y no sólo para auxiliar a los damnificados sobrevivientes, remover escombros y rescatar cadáveres, como misión única del Estado en tales casos.
Es de anotar que ni en el sector urbano ni en el rural la gente pobre ha escogido, por su gusto, lugares peligrosos para vivir. Se han visto forzados a ello, acaso porque no ha existido una política social con suficientes estímulos para que el derecho a la vivienda se convierta en una realidad para los colombianos sin techo propio.
Finalmente, consideramos plenamente justificada la declaración de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica; medida de excepción a través de la cual el gobierno del presidente Santos podrá atender la situación calamitosa que, por el invierno prolongado y destructor, padece la mayor parte del territorio nacional.
¡Nuestra solidaridad inmensa con las víctimas!
*Ex congresista, ex ministro, ex embajador.
edmundolopezg@hotmail.com
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