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Sobre las pensiones

Hace unos años las pensiones eran tenidas como una prestación social más. Una conquista laboral que pasaba a formar parte de los ingresos futuros de los trabajadores; y de la nómina improductiva de las empresas.

En la medida que envejecían tenían que transferir ese mayor costo a los bienes que producían y/o a los servicios que prestaban, encareciéndolos. Perdían competitividad y quebraban.

Con los fondos de pensiones estatales, diferente de los regimenes especiales, el modelo cambió, y poco a poco pasó a reproducir el modelo familiar, en el que los jóvenes se encargan de los viejos. No obstante en la medida que la expectativa de vida aumenta, y los matrimonios reducen el número de hijos, el esquema de solidaridad generacional se volvió insostenible y tiende a fracasar. La solución ha sido aumentar la edad para pensionarse y los aportes al fondo.

El modelo que se impone ahora es el de que las pensiones son el disfrute del ahorro que se hizo (con ayuda de los patrones) en la etapa productiva, más la rentabilidad (a la que el gobierno fija un piso) lograda por ese dinero en el tiempo. Visto así, el disfrute de la pensión es ahora finito: depende del valor ahorrado y de la forma en que se consuma. Y es racional y sostenible en el tiempo, porque se soporta en las matemática y se cubre con instrumentos financieros.

No obstante, en los regimenes especiales que no pudo desmontar el ex presidente Álvaro Uribe se mantiene aún el modelo de la empresa privada, que en ausencia de competidores (escenario que cambió con la economía de mercado) disponía de fondos infinitos para pagarlas, porque trasladaba esos costos a los consumidores. Sistemas en los que el disfrute de una pensión no guarda ninguna relación con los aportes, y que en el caso del Estado este tiene que trasladar a los contribuyentes. Además de que le hacen trampas.

Tal es el caso de las pensiones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y del Ministerio Público, que se liquidan en cuantía equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicio, incluidos gastos de representación, prima de antigüedad, auxilio de transporte, prima de capacitación, prima ascensional, y prima semestral; y que originan las promociones y ascensos de última hora para inflarlas, muchas veces hasta el tope permitido. Tope que como se recordará, les puso Uribe, pero que antes no existía.

¿Quien le pone freno a esto; si no pudo Uribe, quien tendrá la osadía de intentarlo? ¡Nadie! Estos son los verdugos del ex presidente. Lo que se hizo con la Ley antitrámites fue introducir nuevas formas de hacerle trampas al sistema, al eliminar la prueba trimestral de supervivencia, con lo que aumentará su inviabilidad.

Uno se pregunta ¿si existe la tecnología dactilar, y la base de datos de fallecidos, porqué no se usa para darle redundancia y confiabilidad al sistema presencial en lugar de acabar con él? Hay trámites que no deben eliminarse, y este es uno de ellos. Mientras tantos que ni se tocaron en la mencionada Ley.

No es sino mirar la tramitología para acceder a un subsidio de vivienda, que desestimula su aplicación, y originó que quedaran sin utilizar 2.4 mil millones el año pasado; plata que se perdió.



* Ing. Electrónico, MBA, pensionado Electricaribe

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