Una avalancha humana nos sacudió el pasado fin de semana en San Juan del Cesar –sur de La Guajira– durante la segunda jornada del Programa de Acompañamiento a las Víctimas Ganaderas del Conflicto, que desarrollan Fedegán y Fundagán. Allí como en Chigorodó –Urabá antioqueño– donde cumplimos la primera convocatoria, el miedo dio paso a las búsquedas de verdad, justicia y reparación consagradas en la Ley 1448 de 2011. Las romerías confirmaron la victimización masiva de los ganaderos y mostraron los lunares institucionales frente al desafío de aplicar la norma. Fatales, de cara a las expectativas.
El balance al término de las 2 primeras jornadas fue esclarecedor. Más de 1000 ganaderos solicitaron asesoría para reclamar sus derechos, muchos fueron extorsionados y robados su ganado, y luego hubo secuestros y asesinatos. Son víctimas sumadas al obituario publicado en “Acabar con el olvido”, donde anotamos más de 3.000 homicidios y secuestros de ganaderos. El drama continúa, pues en 2011 se reportó el asesinato de 52 y el secuestro de 37.
El programa de Fedegán-Fundagán es parte de la cruzada para llegar a todas estas víctimas en el país, para reconstruir la memoria de barbarie contra el sector. No terminará hasta que no quede un solo ganadero cuya historia no haya sido narrada y cuyos derechos no hayan sido restablecidos. Serán vitales las alianzas con más de 300 gremios ganaderos regionales, con 87 oficinas para este proceso avalado por las poblaciones visitadas.
Según estos ciudadanos, ha habido poca pedagogía de la norma y el alud de solicitudes de registro sobrepasó la capacidad de muchas Personerías, puerta de entrada al Registro Único de Víctimas. En Valledupar, por ejemplo, se estiman 80 mil víctimas y apenas se registraron 300. Aunque la Personería estableció 2 días semanales para atender los trámites, sus 2 profesionales tienen copada la agenda hasta el 31 de diciembre de este año. Así, necesitarían 60 años para cubrir la demanda.
La Ley de Víctimas maneja unos tiempos que no comulgan con la marcha forzada que enfrentan las Entidades Territoriales y las sedes del Ministerio Público. El ajuste institucional debería ser un hecho un después de la sanción presidencial de la norma, pero está en entredicho y con el monumental rezago del registro de víctimas.
Pasó el primero de los 10 años presupuestados para la ejecución de la Ley y que el Estado “reconozca” a las víctimas entre 1985 y 2021 –incluido el abigeato– y para repararlas. De los 4 años establecidos para reclamar los derechos, ya pasaron 6 meses –los que lleva de vigencia la Ley– perdidos para miles de víctimas del sector ganadero, que ni siquiera han entrado a la fila del sistema.
El panorama es crítico y nos enfrenta a la urgencia de debatir la forma como esta sociedad debe responder a la enorme complejidad de resarcir a sus víctimas. Al término de este cuatrienio apenas 450 mil serán reparadas, de un total estimado en 4 millones. Necesitamos un proceso digno y razonable con la magnitud del problema, que además no discrimine como pretenden en algunas regiones con las solicitudes de los ganaderos. Es nuestro derecho y es la obligación de esta sociedad frente a los daños, morales y materiales, que han cargado por décadas millones de compatriotas.
*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN
jflafaurie@yahoo.com
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