La función pública de ordenación del territorio en cuanto “expresión espacial de la política económica de la ciudad” conlleva uno de los temas más delicados y complejos de dicha función, ya que debe procurar el equilibrio entre los intereses mismos del Estado (la satisfacción de sus funciones básicas en las que debe prevalecer el bien común) frente a los intereses privados (satisfacción de su ánimo de lucro y su propio bienestar), en una forma de consenso que haga posible el desarrollo “justo” del territorio.
El interés económico general de la sociedad en la ordenación territorial debe enfocarse a garantizar la generación de recursos, que por vía de desarrollo del territorio, permitan el suministro adecuado de los bienes (por ejemplo la infraestructura de movilidad) y servicios (por ejemplo salud y educación) que le competen al Estado.
Lo anterior solo puede lograrse a partir de un manejo equilibrado del territorio, en el cual los intereses particulares, al generar riqueza, hagan partícipe de la misma al resto de la sociedad por intermedio del Estado, para obtener, en últimas, una cohesión social adecuada. En Cartagena hablamos del déficit social, referido a la deuda que se predica del Distrito sobre los sectores sociales vulnerables, marginados y de escasos recursos. La solución a dicho déficit y el equilibrio entre deuda social y generación de riqueza, tan solo puede ser posible si la ciudad se hace viable a través de su hacienda pública.
Cartagena no puede seguir teniendo áreas de su territorio que no tengan definida su titularidad jurídica ni su normativa de ordenación territorial; el problema de la tributación de las áreas en conflicto jurídico o de ausencia de normativa urbana merma las posibilidades de equilibrio, tal y como sucede con las Islas del Rosario, los sectores de ocupaciones informales y otros sectores del territorio. Existen, entonces, áreas extraterritoriales fiscales y carentes de ordenamiento territorial que no cumplen con su función social, aportando al déficit social vía demanda de servicios y no existencia de obligaciones tributarias.
Otro aspecto fundamental del impacto del desarrollo del territorio frente a la Hacienda pública tiene que ver con la incorporación, que se hace ya necesaria, de ciertas áreas territoriales al perímetro urbano de la ciudad o su proyección futura a dicha incorporación, pues el Distrito hace esfuerzos grandes para ampliar su cobertura de bienes y servicios que generan una gran valoración del territorio, valoración a la cual tiene derecho a participar en la búsqueda del tan equilibrio social.
Por las razones anteriores el Distrito, en ejecución de su política de ordenamiento frente al impacto fiscal de la misma, está empeñado en definir la titularidad jurídica de su territorio, y en definir la tributación adecuada del mismo.
*Secretario de Hacienda Pública
haciendacartagena@gmail.com
*Rotaremos este espacio entre distintos columnistas para dar cabida a una mayor variedad de opiniones.
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