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TIC: libertad y represión

En julio del 2011 vence el plazo para que entre en vigencia la ley que hace posible que los usuarios de teléfonos móviles puedan cambiar de operador conservando sus números.

El fin es mejorar la competencia entre operadores facilitando la migración, bajar las tarifas, y originar un mejor trato de las empresas con los suscriptores.

No obstante, si bien eso es cierto, podría pensarse que al no haber prefijo que identifique al operador, quien origina la llamada nunca podrá saber qué tarifa está pagando, lo cual imposibilita controlar el consumo y la factura mensual; a menos que todos ofrezcan tarifas únicas (independiente del operador) y quién sabe qué otra camisa de fuerza para el mercado y la actividad comercial. Para evitar esta situación que obstruye la competencia, los operadores están obligados a identificarse en el tono de llamada.

La numeración como se concebía antes, y aun hoy en parte de la telefonía mundial, sirve para enrutar las llamadas paso a paso, hasta llegar al abonado solicitado. Así, al cursar una llamada internacional, por ejemplo, es necesario utilizar un código que identifica al operador de larga distancia, luego un código de país, un código de área y finalmente el número del abonado.

Pretender hace unos años lo que hoy es posible, era como trasladar un teléfono de USA, por ejemplo, a Europa, sin cambiar los códigos de identificación de operador, país y área. Según ese paradigma, lo único que se podría conservar en la migración de operador, eran los últimos siete dígitos del número del teléfono (y eso, si no los tenía ya asignado el operador receptor): los tres primeros eran el código de identificación del operador.

Sin embargo hoy en día en una base de datos compartida por todos los operadores, se identifica a partir del número completo, qué operador le presta el servicio, y la maquina enruta la llamada. Ese concepto tan sencillo “una base de datos compartida” ha hecho posible lo estipulado en la Ley, lo cual permite además utilizar todos los dígitos para identificar al abonado, y tener un mayor número de estos, pero puede retardar la conexión.

Por otro lado se socializa una reglamentación que busca sacar del mercado a los distribuidores de celulares; declarar la muerte de los robados (cuando hay formas de revivirlos con una nueva identificación); y obligar a la gente a que compre la SIM card en las oficinas del operador, cuando hoy en día existe toda una red de distribución, y toda una red de revendedores de minutos que les genera ingresos a muchas familias pobres, y les posibilita a los usuarios llamadas más baratas.

El fin es acabar con la criminalidad (o ponérsela difícil, porque sus nuevos métodos se idearán) poniéndole más trabajo a la policía persiguiendo la nueva forma de ilegalidad creada por las normas; y yo me pregunto: ¿se podrá reducir la criminalidad acabando con los medios de sustento de los más necesitados? Bastante daño se les hace ya con dos días al mes sin moto.

Parece que estamos regresando a los inicios, cuando para tener un celular había que sacar un carnet, que entregaba, muérase de la risa, el mismo operador. Y los trabajadores a domicilio tenían que dejarse explotar por quienes podían tener un teléfono.

*Ing. Electrónico, MBA, pensionado Electricaribe

movilyances@gmail.com

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Comentarios

No me sorprende el tinte

No me sorprende el tinte populista del a.r.tí. c.u.l.o. El arti c.u.l.i.s.t.a. le preocupa más los vendedores de minutos, los atropelladores mototaxistas, que el resto de los pobladores. ¿cómo geenrar empleo formal de calidad? Ese es el reto y no seguir creyendo que el subempleo marginal,e s la solución. 'minuteros', mototaxistas, invasores del espacio pùblico, el esperpento de los 'sparrings y demás fauna y flora.