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¿TLC para los intermediarios?

Uno de los principales argumentos a favor de los TLC es el beneficio de los consumidores: al bajar los aranceles comprarán más baratos los bienes importados.

Así, las empresas colombianas ineficientes competirán con el mundo sin la protección artificial de los aranceles, y el gran ganador será el consumidor, que tendrá bienes mejores y más baratos.

Ante a este argumento caben varias reflexiones. Como en la economía no hay almuerzo gratis, este beneficio cuesta. El menor precio para los consumidores implica un menor ingreso para alguien, que no es el productor extranjero pues recibirá los mismos dólares por su mercancía. Pierde el fisco nacional, que dejará de recibir los impuestos arancelarios. Diversos estudios, inclusive oficiales, estiman que la reducción de aranceles por el TLC con los EE.UU puede llegar a representar menores ingresos tributarios de hasta 600 millones de dólares anuales.

El otro costo asociado al beneficio a los consumidores es el mayor desempleo. Frente a la competencia de productos importados más baratos, la alternativa de las empresas colombianas es clara: o son eficientes y reducen precios, o desaparecen. En ambos casos disminuye el empleo, pues la mayor eficiencia se logra con automatización y reducción de costos, que implica despedir trabajadores. No son hipótesis sino la realidad que pasó en la última década con el abaratamiento de las importaciones por la enorme revaluación del peso.

El TLC con Corea permitirá que baje el precio de los carros importados de allá. Muy bueno para los consumidores, pero muy malo para la industria automotriz nacional y sus trabajadores. Tiene el agravante de que los 75.000 empleos en riesgo son de trabajadores muy calificados que no encontrarán alternativas fáciles de empleo. Para que haya consumidores tiene que haber trabajadores con empleo e ingresos suficientes para comprar.

Lo más triste es que el país podría quedarse con el pecado y sin el género, con los costos de menores ingresos fiscales y más desempleo, y sin los beneficios del consumidor. Esto puede suceder si la rebaja en el costo de las mercancías por los menores aranceles no llega al consumidor final, sino que se queda en un mayor margen de los intermediarios.

Ya ha pasado en otros casos. El impacto de la revaluación del peso (65% desde el 2002) solo se reflejó en una reducción del índice de precios de los productos importados del 7,5% en el mismo período. La canasta de bienes norteamericanos, que costaba USD 100 en 2002, hoy cuesta USD 126,80 por la inflación en ese país, pero en pesos colombianos pasó de $290.000 a $224.000, es decir, 23% menos. Alguien se quedó con la diferencia y el beneficio del consumidor fue solo parcial.

Es cierto que para un cálculo más preciso hay que tomar en cuenta el comportamiento de otras monedas, pero aun así la diferencia es demasiado grande, sobre todo porque en la pasada década el peso se revaluó frente al conjunto de monedas de todos nuestros socios comerciales casi en un 40% en términos reales.

Ante la realidad inevitable del TLC hay que tratar de minimizar sus costos y garantizar que la rebaja de precios de las importaciones llegue a los consumidores y no se convierta en una bonanza para los intermediarios y comerciantes a costa del erario.

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