Escribí hace poco una columna que decía que en “Cartagena tenemos la tradición equivocada de construir infraestructura pública con el bolsillo de todos, pero luego terminamos entregando –por acción u omisión– los activos sin mayores contraprestaciones, lo que resulta un pésimo negocio para la ciudad y sus contribuyentes”.
Y traigo el tema nuevamente porque hace poco anunciaron que estamos por entregar la operación de Transcaribe, bajo el esquema de concesión, lo que en principio está bien, por aquello de la búsqueda de un manejo eficiente del sistema de transporte. Sin embargo, estamos perdiendo la oportunidad histórica de democratizar un negocio que bien podría irradiar progreso entre una variedad importante de ciudadanos residentes en Cartagena, máxime cuando fue pagado entre todos.
Para la administración pública, no se trata solamente de construir infraestructura o de entregar el manejo de un servicio público, porque repito, la decisión es válida, en especial cuando ya aprendimos de nuestro prontuario de despilfarro, corrupción y aniquilación de los negocios públicos (ver por ejemplo, a las EEPPMM, Electribol, Colpuertos, para mencionar algunas); pero podemos mirar los negocios (concesiones) con ojos de abundancia y ofrecer parte del mismo a los miles de cartageneros inversionistas que quieran participar en ellos.
¿Qué lo impide? ¿Acaso no hemos visto, en estos días, la variedad de acciones ofrecidas por Avianca, Ecopetrol o el Grupo Aval? ¿Hay alguna diferencia? ¿Acaso ya olvidamos, por ejemplo, lo hecho recientemente por el empresario José Roberto Arango, quien sin mayor esfuerzo comercial, logró la vinculación de 5.000 inversionistas al Club Deportivo Millonarios? ¿Se imaginan el resultado en Cartagena, si casualmente estamos ofreciendo el monopolio del transporte público?
Cualquier economista reconoce, en sus clases de microeconomía de tercer semestre, la capacidad descomunal de un monopolio para producir utilidades. Hay que ser un sinvergüenza completo o un orangután de la corrupción, la indolencia, el despilfarro y la politiquería, para quebrarlos. Sin embargo, aquí aniquilamos todos los negocios públicos. ¡Increíble! De ahí que duela perder la oportunidad histórica de no democratizar a Transcaribe, independientemente de la firma explotadora del negocio.
El proceso hubiera sido sencillísimo: se trataba simplemente de otorgarle, digamos, el 80% ó 70% de la explotación del negocio a la empresa ganadora del proceso licitatorio, es decir, los que conocen la operación, y el restante 20% a 30% se hubiese vendido a los miles de inversionistas independientes y pequeños transportadores, como cualquier sociedad anónima abierta. Es cuestión de usar el Estado para ser más incluyentes y no lo contrario: concentrar el progreso.
¿Se imaginan los beneficios económicos, el sentido de pertenencia y la redistribución del ingreso con 7.000 socios en Transcaribe? ¿Se imaginan el impacto económico si hubiésemos hecho lo mismo con el agua, gas, electricidad, puertos, basuras, corredor de carga, telefonía distrital o el alumbrado público?
El subdesarrollo tiene su forma muy particular de ver la escasez, cuando la que existe es abundancia.
*Empresario
jorgerumie@gmail.com
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