El general Patton dijo que, comparados con la guerra, todos los actos humanos son triviales. Y un siglo antes el general Sherman había escrito que la guerra es el infierno.
Ir a la guerra es la suprema decisión que pueda tomar un gobernante, porque la guerra es organizarse para matar a otros.
Por eso, desde Buda hasta Einstein o desde Erasmo hasta Gandhi, las cimas morales de la humanidad han sido pacifistas: ninguna guerra es admisible. Sin embargo, también desde Tucídides o Grocio hasta Walzer o Haass se ha tenido que admitir una excepción, la “guerra justa” –hoy se dice guerra “de necesidad”– que un país emprende cuando ha sido invadido o atacado de manera alevosa: la guerra contra Hitler, por ejemplo, era sin duda necesaria.
Justificar la guerra o el conflicto armado interno es todavía más difícil, y los filósofos morales han debatido largamente si un ciudadano o grupo pueden alzarse en armas contra el gobierno. Desde la “tiranía insoportable” de la antigua Grecia hasta las “nacionalidades oprimidas” de Yugoslavia, se fueron precisando cuatro condiciones para que la insurrección armada sea moralmente admisible: Que los insurrectos luchen por una causa noble o altruista; que representen a la ciudadanía o nacionalidad oprimida; que no haya medios pacíficos posibles o que la acción armada sea el único recurso; y que tengan una posibilidad razonable de triunfar.
En Colombia podría decirse que las guerrillas, al menos en su origen, tuvieron un motivo noble o altruista: la búsqueda de una sociedad más justa. Pero las Farc y el Eln están muy lejos de representar a la ciudadanía o a los oprimidos, como lo prueba su rechazo casi unánime. Existe espacio para la lucha política, jurídica y social, aunque tenga recortes. Y el triunfo militar de la guerrilla ha sido siempre un imposible. Por eso categóricamente hay que afirmar que la guerra de guerrillas en Colombia es inmoral.
Y a esto se le añaden dos agravantes. Que este conflicto no es ideológico, sino un revuelto de intereses criminales por quedarse con la tierra, la riqueza y el poder que se disputan empresarios de la guerra locales o nacionales. Y que todos los grupos armados -incluyendo a los agentes del Estado- han perpetrado crímenes de guerra que son categóricamente inmorales.
Por eso en un país embrutecido por más de 40 años de conflicto interno, hay que levantar las conciencias y las voces en contra de la guerra y en defensa de la paz.
A esta primera y principal razón moral se añade una razón jurídica. El artículo 22 de la Constitución dice que “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”; los colombianos todos, añade el artículo 85, tenemos el deber de “Propender al logro y mantenimiento de la paz”. Este y todos los gobiernos están pues obligados a acabar el conflicto, a preferir la salida negociada sobre la acción armada que cabe sólo como último recurso.
Y la tercera razón es estratégica. Gracias a Uribe las Farc perdieron irremediablemente el impulso militar que ganaron durante los 90, su lucha por lo mismo es cada vez más imposible. Pero acabar militarmente a las Farc es cada vez más difícil, porque volvieron a ser una guerrilla escondida en la selva.
Dijo Gorbachov que entre más tarda un pueblo en aceptar la realidad, más sufre. Y esto en Colombia vale para los dos protagonistas del conflicto interno.
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