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Un decreto trascendental

Los desastres de la tragedia invernal y la extensión de sus efectos no se podrían conjurar si el Gobierno no asume –como ya asumió– la responsabilidad de acudir a la declaratoria de emergencia por razones de perturbación del orden social, económico y ecológico, dentro de los términos del artículo 215 de la Constitución Política.



De la forma o procedimientos a que se apele para ejercer  atribución tan excepcional,  dependerá, sin embargo, que se pueda cumplir a cabalidad con los fines que se persiguen. 

En el anterior sentido, nos queremos referir al decreto 4628 de 13 de diciembre de 2010, que hace parte del paquete de otros 37 que dictó el Gobierno dentro de ese marco, “por el cual se dictan normas sobre expropiación por vía administrativa y se dictan otras normas.”

En la parte motiva del decreto, se hace una relación de los efectos devastadores que ha tenido la tragedia invernal, los cuales  son objetivamente demostrables; pero lo que consideramos de singular trascendencia es que se haya establecido la facultad de negociar directamente, dentro de plazos perentorios, y en su defecto, de expropiar por la vía administrativa, cuando el propietario no se aviene a pactar con el Estado la venta directa de los inmuebles.

Sólo por esos medios, ha de comentarse, las entidades públicas encargadas de adelantar los proyectos de reconstrucción o rehabilitación de las zonas afectadas, podrán cumplir su misión, dentro del año siguiente a la fecha en que le hayan entregado los inmuebles adquiridos o expropiados, como se prevé en el decreto.

La negociación directa se hará sobre la base del avalúo que haga el Instituto Agustín Codazzi, el cual tiene un término de diez días  para hacerlo, y cuando no se haya producido ese avalúo dentro del  término referido, la entidad pública deberá acudir a peritos privados afiliados a la Lonja de Propiedad Raíz.

Los actos administrativos que se dicten dentro de ese marco no son objeto de recurso alguno, pero las resoluciones de expropiación, por ejemplo, sí tendrán el control contencioso administrativo ordinario, pero no se suspenderá por ello la ejecución de los planes de reconstrucción o rehabilitación que se hayan adoptado en materia de vivienda o de reconstrucción de escuelas, o de la malla vial o de los servicios públicos que se deben suministrar a la población necesitada.

El decreto se aplicará con referencia a las zonas de desastre o de alto riesgo y zonas de influencia, según las definiciones que sobre ellas se hacen en su texto.

En fin, creemos que el Estado podrá aplicar en forma expedita el viejo concepto de utilidad pública para adquirir inmuebles, cuando se requiera recurrir a esa facultad en nombre del interés general, y dentro de la concepción superior de que la propiedad - desde la reforma constitucional de 1936-, tiene una función social. 

Por haberle colgado el legislador muchos condicionamientos al ejercicio de dicha norma se acumularon muchas frustraciones y, para no ir muy lejos, por esa razón, no  hemos podido darnos una reforma agraria integral. 

Con el decreto 4628, el gobierno del presidente Santos ha rescatado el valor revolucionario de aquel viejo precepto constitucional.  ¡Que es mucho decir!

*Ex congresista, ex ministro, ex embajador.

edmundolopezg@hotmail.com

 

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