La exigua condena impuesta a los primos Nule –previo acuerdo de los procesados con la Fiscalía- ha indignado explicablemente a los bogotanos y en general a los colombianos, habida cuenta de los enormes perjuicios causados en el oscuro asunto de la contratación en que participaron ampliamente tales personas.
Hemos tenido contacto en estos días con ciudadanos y grupos de diferentes estratos, y, aparte de la frustración generalizada de quienes confiaban en la justicia, lo que hemos podido captar ha sido una sensación colectiva de haber sido burlados, tras el espectáculo de todo el año alrededor de este proceso.
Con independencia del caso, lo cierto es que el denominado “sistema penal” colombiano está en crisis. Puede afirmarse inclusive que la normatividad vigente, por carecer de coherencia, de razonabilidad y de proporcionalidad, y por no estar fundada en una auténtica política criminal del Estado, no conforma un sistema, ni es un orden, sino una caótica amalgama de disposiciones que, además, no se aplican siempre de la misma manera.
Nadie entiende cómo nuestro Estado, a cuyo nombre se administra justicia, da lugar a decisiones tan contrarias al concepto mismo de justicia como las que sancionan con dureza excesiva y arbitraria a quien pasó un billete falso de cincuenta mil pesos, al paso que otras cobijan con penas irrisorias a los autores materiales o intelectuales de masacres, homicidios y torturas, o a los grandes delincuentes de cuello blanco que han defraudado al fisco o saqueado el tesoro público.
Los famosos pre-acuerdos y acuerdos, por una supuesta y nunca bien establecida colaboración con la justicia; el generoso principio de oportunidad –que tan inoportunamente fue incluido en nuestra Constitución-; las rebajas de penas; los descuentos de penas por trabajo o estudio, y en general las posibilidades de negociar la justicia, que favorecen a unos, contrastan fastidiosamente con la situación a la que se enfrentan miles de colombianos que, por delitos menores y en procesos interminables, son hacinados en las cárceles y condenados a fuertes penas sin rebajas ni acuerdos, y en esos reclusorios inhumanos se corrompen todavía más y se pierden definitivamente para la sociedad.
La impresión general de la ciudadanía –más que impresión, una certeza afirmada a cada paso- es hoy la que se sintetiza en la vieja frase popular: “En Colombia, la justicia es para los de ruana”. A lo cual se agrega ahora: “Si va a robar, robe mucho, que le va mejor”. Un mensaje nefasto.
*Abogado
jgh_asist@hotmail.com
NOTICIAS RECOMENDADAS
Comentarios ()