Un pueblo virtuoso de la resignación

Los trabajos de Transcaribe en el sector de Bazurto debían estar terminados en 2011. Pero no, desde diciembre último estuvieron suspendidos, desde luego, muy lejos de terminarse el contrato. La Cámara de Comercio de Cartagena hizo conocer sus observaciones sobre lo que sucedía, y los cartageneros pudimos concluir que muchas cosas andaban mal en torno a ese contrato.
La solución encontrada por Transcaribe fue prorrogarlo para darle al contratista oportunidad de que cumpla en este 2012. Según el gerente Enrique Chartuni, esa solución era el menor de los males. “En materia de riesgos, al abrir una licitación pública, esta podría declararse desierta y habría que reiniciar ese proceso para lo cual se requieren como mínimo dos meses adicionales, además el nuevo contratista puede objetar por el estado de la obra y no querría asumir la estabilidad de la misma”, fueron sus palabras según El Universal de 28 de febrero de 2012.
Sin entrar a controvertir estas peregrinas justificaciones, impropias de un funcionario diligente y responsable, lo cierto es que el incumplimiento del contratista ha obtenido premio. Y el pueblo cartagenero un nuevo castigo.
Entre tanto, son innúmeras las personas que sufren grave quebranto en sus intereses patrimoniales y en su calidad de vida por hechos que no están obligados a soportar, pues trascienden los límites de la equidad en las cargas públicas. Todos estamos obligados a soportar un cierto grado de daño por aquellas obras del Estado que son indispensables para asegurar a la comunidad un mejor vivir, pero nadie está obligado a sufrir las consecuencias perjudiciales de la desidia, la ineptitud o la corrupción del Estado.
Por eso me anticipo a preguntar ¿quién asumirá los costos de las reparaciones a que lleguen a condenar los tribunales por los perjuicios causados en demasía a tanto comerciante o morador aledaño al sector de los interminables trabajos, si éstos llegaren a demandar? ¿Acaso los asumirán el gerente o el contratista? De seguro que no. Seremos los contribuyentes, los perjudicados por la irresponsabilidad en el manejo de esta obra, quienes asumiremos los costos de los errores, dolosos o no, que puedan llevar a cuantiosas indemnizaciones.
La situación parece no llamar la atención a procuradores, fiscales o contralores. Pero peor aún es la resignación que invade al pueblo cartagenero. Ya hemos integrado a nuestra vida diaria la conformidad con las mentiras oficiales, las trapisondas con el erario y las obras imperfectas o inconclusas. Los asuntos trascendentales para la calidad de vida y la dignidad de los habitantes parecieran estar relegados a un último y minúsculo plano de los intereses ciudadanos.
Si nos dijeran que las obras de Transcaribe terminan en el 2020, a lo mejor, muy pocos se inquietarían. Y paralela a esa apatía de la comunidad, convive la orfandad de voceros políticos. A nuestra clase política más interesa recibir la cuota de burocracia, contratos o decisiones favorables que el bienestar colectivo.
Ambas cosas, el menosprecio oficial por los intereses colectivos y la falta de preocupación de los políticos por defender esos intereses, tienen su origen último en la ausencia de muchos buenos ciudadanos. Y así seguiremos hasta cuando construyamos una robusta y exigente ciudadanía.

Abogado –Docente de la Universidad del Sinú – Cartagena

h.hernandez@hernandezypereira.com