Al prorrogar por sexta vez el Decreto 1500 de 2007, el Gobierno dio otro golpe al sector ganadero en su empeño por lograr la admisibilidad sanitaria para el comercio internacional de alimentos. La noticia fue desafortunada. Con dos días del TLC con Estados Unidos, el veto a los productos cárnicos y lácteos se deriva de las distancias que nos separan de sus estándares de inocuidad. El lustro de inactividad que pasó es imperdonable, como inexplicables los 14 meses de discusiones técnicas para acordar las reformas a este decreto, cuando apremia la reingeniería de los mataderos y modernizar las cadenas.
Hay incertidumbres y contradicciones. No tenemos cuándo adoptar un régimen legal de admisibilidad para el sector. El Decreto de 917 de 2012 justificó la prórroga de 6 meses para “actualizar el precipitado decreto (1500)”. Hablamos de una reforma que exige nuevas consultas, internas y externas, para una norma que demandó una cuidadosa concertación –inclusive con las autoridades americanas– y más de 2 años de revisiones y consultas con todos los actores públicos y privados. Entendemos que una comisión viajó a Washington el pasado miércoles para negociar las modificaciones.
Por lo pronto, seguimos en el limbo de un régimen de transición con normas sanitarias de hace más de 30 años. Estamos varados, pero más lejos. Menos de un millón de animales, de los cuatro millones sacrificados anualmente, se procesan en plantas autorizadas. Seguimos con un mercado cárnico de $12 billones, de los cuales 75% se queda en manos de los informales, que politizan las decisiones sanitarias del sector.
Empresarios y productores que “confiaron legítimamente” en la seriedad de las autoridades y en el marco legal que garantizaría estabilidad y predictibilidad, se sienten asaltados. La expectativa de que finalmente el gobierno impondría la formalización de los cruderos –Decreto 616/2006– y del sistema de sacrificio –Decreto 1500/2007–, sumada a la inminencia de los TLC, los llevaron a correr para presentar sus planes graduales de cumplimiento y a endeudarse para ejecutarlos. Hoy nadie responde. Quedaron “colgados de la brocha”, mientras cientos de mataderos, que no garantizan inocuidad, se benefician de los aplazamientos. Es evidente la responsabilidad del Estado como legislador.
Pero además de alejarnos de los estándares internacionales, el Gobierno dejó sin piso disposiciones que daban dientes al ICA y al Invima para proteger al mercado de importaciones insalubres. Grave, cuando desmontamos aranceles para productos de unas 43 economías con las firmamos TLC. Casos como el nuevo brote de vaca loca en Estados Unidos no podrían ser atajados por las autoridades sanitarias con la legislación tanto o más añeja que su infraestructura de inspección y control.
Si nos va bien, sólo hasta 2016 tendríamos un sistema de sacrificio eficiente e inocuo. Para ese año vencería el generoso período de gracia máximo que otorga la norma –de tres años y medio– para que los mataderos se adecúen. Esto no es serio. Pasaron 7 años desde que se promulgaron los Conpes sanitarios y los decretos reglamentarios y seguimos enfrascados en la clasificación de plantas. La discusión sería más productiva sobre instrumentos para ajustarse al 1500 o las acciones policivas para darle cumplimiento. Pero necesitamos admisibilidad ya y no podemos seguir sumando años a pérdida. Fedegán exige, con justa causa.
*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN.
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@jflafaurie
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